- El morenista Ignacio Mier le pidió a presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que presente controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas.
CLAUDIA SALAZAR / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO. – Sin tener la facultad para ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el morenista Ignacio Mier, le pidió a Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva, que presente una controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas que se negó a retirar el fuero al Gobernador de ese Estado, Francisco García Cabeza de Vaca.
Por medio de un oficio que fue entregado esta tarde a la Mesa Directiva, se le pide a Sauri “valorar” la presentación de la demanda.
Sobre tal solicitud, Dulce María Sauri señaló que no es su convicción presentar la controversia contra el Congreso de Tamaulipas.
“Si se negocia un extraordinario y se considera el tema, si la mayoría del Pleno lo aprueba, lo hago, presento la controversia, porque es mi obligación.
“Sin embargo, no es mi convicción, Mientras más estudio el caso, más estoy convencida que el Congreso de Tamaulipas tiene la razón constitucional, en función del federalismo”, señaló Sauri.
La legisladora del PRI indicó que con mucho cuidado redactará una respuesta, dado que se le pide actuar con base en un reglamento que reconoce su facultad de presentar o no dicha demanda.
“Tal vez me pongan en barbacoa los de Morena, pero no es mi convicción presentar la controversia”, sostuvo la presidenta de la Cámara.
La reglamentación de la Cámara indica que, cuando hay periodo de sesiones, el Pleno aprueba el acuerdo para promover la controversia y quien preside la Cámara debe presentarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, cuando hay receso, como es el caso, la presidencia de la Cámara puede presentar la controversia “cuando lo estime necesario”.
Sin sustento legal en su petición, Mier planteó a Sauri que promueve la demanda, de acuerdo a la valoración jurídica que él mismo ha hecho.
Sostiene que el acuerdo aprobado por la legislatura de Tamaulipas, para no proceder contra el Gobernador, constituye una contradicción a la resolución definitiva e inatacable aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de abril de retirarle el fuero al Mandatario panista.
“El referido punto de acuerdo aprobado por la legislatura estatal, en opinión del presidente de la Junta de Coordinación Política, constituye una contradicción a la resolución definitiva e inatacable aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, por lo que es menester defender los intereses de esta Cámara Diputados, mediante la interposición de una demanda de controversia constitucional en contra del Congreso del Estado de Tamaulipas, no sólo por la mencionada contradicción en la declaratoria de procedencia, sino también por todas las demás acciones del órgano local y efectos que se derivan”, cita el oficio firmado por el secretario de enlace de la Jucopo, Omar Sánchez Molina.
“Por instrucciones del presidente de este órgano de gobierno, solicito de manera respetuosa comuniquen a la Presidenta de la Mesa Directiva, con base en los precedentes del caso y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 233, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados pueda valorar la presentación de demanda de controversia constitucional para defender los intereses de este órgano legislativo, ejerciendo de manera directa la representación originaria que ostenta como presidenta de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados”, agrega el mismo oficio, dirigido al secretario técnico de la Mesa, Manuel Gutiérrez González, con fecha del 28 de mayo y con acuse a las 15:00 horas.
Sánchez Molina menciona que, incluso, se envía el proyecto de demanda de controversia en contra del Congreso de Tamaulipas para su consideración y, en su caso, la suscripción con la firma de Sauri.Hace un año, la bancada de Morena fustigó a la entonces presidenta de la Cámara, la panista Laura Rojas, por presentar, con base en ese mismo artículo 233 del reglamento, una controversia contra el acuerdo del Ejecutivo Federal sobre el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad, argumentando que no tenía la facultad.
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