- La representante legal acusó que las autoridades ministeriales incumplieron la suspensión de oficio el pasado jueves, motivo por el cual promovió un incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Un Juez del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México decretó la libertad del abogado de Florian Tudor y del agente del Ministerio Público acusados de intentar obstaculizar la diligencia de aprehensión el pasado jueves, al resolver que no se acreditaron los cargos de la Fiscalía General de la República (FGR). Suspensión
Como parte de la investigación ministerial trascendió que suman tres propiedades que presuntamente habrían sido cateadas el fin de semana al “Tiburón” Tudor, de las que dos habrían sido aseguradas bajo el resguardo de las fuerzas federales.
La batalla jurídica que se desató luego de la aprehensión de Florian Tudor y los probables cómplices de la “Banda de la Riviera Maya” mantiene en suspenso la extradición (por el momento) del líder rumano, pero también de Cosmin Adrian Nicolae y Adrian Ninel Enachescu. Estos últimos, a quienes se les impuso un pago en garantía conjunto de 100 mil pesos, para obtener la protección de la justicia federal.
Fue en los respectivos juicios de amparos por ellos promovidos, que se les emplazó para que en un máximo de cinco días (que vencerán el viernes próximo) garanticen el monto económico que evite su probable destierro o deportación; de lo contrario, perderán el beneficio judicial.
El mismo Juez Segundo de Distrito con sede en Quintana Roo, Gerardo Vázquez Morales, pero en el amparo 28121666, al también detenido Chakib Naif Ifram Al Boustany (dueño de varias casas de empeño en Cancún), se le concedió emplazar a la Policía Ministerial de Investigación para proporcionar información de su atención médica ante las reportadas afectaciones de salud que padece, luego de que fuera detenido mientras circulaba en un vehículo sobre la Av. Huayacán de Cancún, el pasado viernes.
A través de su abogada Evelin Alejandra Cen Bacelis (quien fue también defensora del exagente de la Policía Judicial Miguel N. acusado de tortura contra la periodista Lydia Cacho) solicitó también que se decrete su libertad inmediata.
La representante legal en un oficio al Juez de Distrito acusó que las autoridades ministeriales “han incumplido la suspensión de oficio y de plano concedida” el pasado jueves, ante lo cual promovió un incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión que únicamente tiene alcances de su libertad personal que quedará a cargo del juzgado.
El Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Control con detenido de la Fiscalía del Estado, en respuesta, confirmó el cumplimiento de la medida cautelar. No obstante, trascendió que el detenido desde su captura fue trasladado a la capital del país.
A Cosmin Adrian Nicolae en el amparo 28121740 radicado en el mismo juzgado no pudo ser localizado para que ratifique la solicitud de amparo luego que se le buscó en las instalaciones de la Policía Federal Ministerial, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Hospital General de Cancún, Secretaría de Seguridad Pública de Playa del Carmen, el Centro de Reinserción Social en Benito Juárez, la Guarnición Militar del 64, el Batallón de Infantería, la Dirección de Seguridad Pública, en la Agencia del Ministerio Público de la Zona Hotelera y en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de Cancún.
Pero con el nuevo amparo 28126207 obtuvo una segunda suspensión de oficio y de plano que lo blinda contra la extradición, deportación o destierro y “el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal”. La protección quedó condicionada al pago de una garantía de 40 mil pesos.
Adrian Ninel Enachescu, en el amparo 28129843 reclamó también, a través de sus abogados Moisés Sánchez López, Ángel Chew Sacramento Morales, José Ángel Rosado Hernández y Aremi Salgado Zamora, ser víctima de incomunicación, tortura, golpes y malos tratos.
En el mismo juicio de garantías y en otro adicional (con el número 28129869) pidió protección contra órdenes de cateo y contra actos de su probable extradición, pero únicamente logró que garantizar su libertad personal para que no sea deportado o desterrado previo pago de 60 mil pesos.
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