- A finales de 2016 los tres magistrados enfrentaron una denuncia presentada por Alejandro Aguirre Buenfil por haber ocupado el cargo sin reunir los requisitos de ley.
EMILIANO GALLO
CHETUMAL, Q. ROO.- Tres de los once magistrados que integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo y cuya elección hace seis años obedeció más a criterios políticos que a méritos dentro de la carrera judicial solicitaron formalmente su derecho a reelegirse por otro sexenio más.
Se trata de las magistradas Mariana Dávila Goerner y Adriana Cárdenas Aguilar, así como del magistrado Carlos Lima Carvajal, quienes formaron parte del paquete de impunidad integrado por el entonces gobernador Roberto Borge Angulo casi al término de su gestión con la finalidad de que le “cubrieran las espaldas” a su salida ante posibles denuncias que se veían venir en su contra por su política de saqueo del patrimonio estatal, que hoy lo tienen preso.
A finales de 2016 los tres magistrados enfrentaron una denuncia presentada por Alejandro Aguirre Buenfil por haber ocupado el cargo sin reunir los requisitos de ley y en el caso específico de Lima Carvajal por no presentar en tiempo y forma su declaración patrimonial.
La permanencia de sus cargos ahora que concluyan su periodo en octubre entrante, dependerá de la valoración que hagan sobre su desempeño los diputados de la XVI Legislatura quienes tendrán la última palabra para definir si se quedan o en su lugar entran tres nuevos magistrados reconocidos por sus méritos dentro de la carrera judicial, a propuesta del titular del Poder Ejecutivo estatal, como disponen tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
A través de sendos oficios enviados recientemente al magistrado presidente del TSJ, Antonio León Ruiz, los magistrados salientes solicitan su ratificación pues consideran que han desempeñado su función jurisdiccional “bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia”.
En la misma misiva, a la cual tuvo acceso Luces del Siglo, las magistradas también piden notificar al Congreso sus pretensiones, acompañando la solicitud con el “expediente de desempeño” de cada uno de ellos a fin de que se inicie el procedimiento de evaluación respectiva.
Salvo la magistrada Cárdenas Aguilar que anteriormente ocupó cargos menores en el Poder Judicial, Dávila Goerner y Lima Carvajal no contaban con los méritos de la carrera judicial, la primera previamente fungió como directora del DIF municipal en Benito Juárez, y el segundo como titular de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio desde donde Borge operó una serie de despojos de terrenos públicos y privados para venderlos ilegalmente entre familiares y allegados.
De hecho, Borge impuso como magistrado a Lima para que gozara de inmunidad por la serie de fechorías que cometió, ahora hábilmente el magistrado se ha colado al equipo de asesores jurídicos de la alcaldesa Mara Lezama para que en caso de que sea ella la candidata y la próxima gobernadora, él siga gozando de esa prebenda para no ser castigado por su actuación. La posibilidad de que estos personajes sean reelectos, ha despertado la inconformidad en grupos de abogados que se organizan para exigirle al Congreso que sean designados verdaderos juristas, no “títeres” de políticos.
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