- Si bien este caso judicial se ha ido desdibujando, Raúl Beyruti continúa prófugo y sus problemas legales están muy lejos de terminar.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- El caso de delincuencia organizada y lavado de dinero que mantiene evadido de la justicia a Raúl Beyruti “El rey del outsourcing”, ha empezado a debilitarse.
Cuatro de las 10 personas contra las que se ordenó la aprehensión ya libraron la imputación por falta de elementos, ya que un juez resolvió no vincular a proceso a los tres que fueron detenidos, mientras que otro ganó el amparo contra la captura en forma definitiva y sin pisar la cárcel.
Se trata de Manuel Alejandro Zepeda Álvarez, Benito Pérez López, Jorge Francisco García Reyes y Héctor Alberto Lezama Argáez, según información del Poder Judicial de la Federación.
Hay un quinto implicado, Marco Antonio Medina Moreno, que apenas ganó su amparo en primera instancia contra el mandamiento de aprehensión, pero la Fiscalía General de la República (FGR) aún está en tiempo para impugnar el fallo.
En este asunto, la Fiscalía General de la República (FGR) atribuye a Beyruti recibir en una cuenta bancaria 4 millones 335 mil 705 pesos supuestamente de origen ilícito, provenientes de cinco empresas, cuatro de ellas declaradas oficialmente como “factureras”.
Las compañías son Grupo de Negocios Autogestión en Soluciones S.A. de C.V., Pioneros en Administración S.A. de C.V., Manejo Gráfico del Sur S.A. de C.V., Glabal Crecimiento en Cuentas S. de R.L. de C.V y Tikhvin, S.A. de C.V.
Pero estas personas morales también litigaron y tres ya consiguieron desvirtuar por distintas vías legales su inclusión en la lista de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), mientras que otra acreditó que nunca le pagó un peso a Beyruti.
Sólo Tikhvin, S.A. de C.V. tiene pendiente la resolución de un amparo que promovió contra la decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de listarla como EFOS o “facturera”.
La dimensión de este caso, de hecho, se ha ido recortando desde su origen.
Cuando el 30 de octubre de 2017 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la denuncia ante la FGR, relacionaba en este asunto a Beyruti con una red de 294 empresas fachada o de papel, y señalaba que tenía participación, junto con su familia, con 95 compañías que operaban recursos ilícitos.
Pero al judicializar la indagatoria, la Fiscalía sólo pudo establecer su relación con 5 empresas y no obtuvo elementos para imputar penalmente a ninguno de sus familiares, entre ellos Carolina de la Torre Rodríguez, la única persona denunciada en forma específica junto con Beyruti.
La denuncia de la UIF también señala al empresario por depósitos de 17 millones 888 mil 164 y retiros de 50 millones 639 mil 382 pesos, supuestamente ilícitos; recepción y envío de SPEIs por 94 millones 220 mil 606 y 116 millones 463 mil 180 pesos, respectivamente, así como retiros en efectivo por 7 millones 378 mil 551 pesos.
Al final, sin embargo, la FGR sólo pudo acreditar parcialmente una imputación por 4 millones 335 mil 705 pesos.
Si bien este caso judicial se ha ido desdibujando, Beyruti continúa prófugo y sus problemas legales están muy lejos de terminar. En marzo pasado, el titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que había presentado ante la FGR por lo menos otras 8 denuncias en su contra.
Absueltos
El 12 de febrero pasado, Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, instruyó la captura de Beyruti y otras nueve personas por lavado de dinero y delincuencia organizada, este último un delito con prisión obligada.
Todos los coimputados tenían en común haber constituido las empresas que, de acuerdo con la Fiscalía, le hicieron los depósitos a “El rey del outsourcing”.
La Policía Federal Ministerial (PFM) aprehendió a Benito Pérez López y Manuel Alejandro Zepeda Álvarez, creadores de Grupo de Negocios Autogestión en Soluciones, y a Jorge Francisco García Reyes, quien constituyó la empresa Tikhvin.
Los imputados fueron encarcelados en los Penales Federales de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y Ocampo, Guanajuato, pero los tres salieron libres luego de que el juez Ramírez determinara no vincularlos a proceso, al concluir que la FGR no presentó los datos de prueba mínimos.
Otro que litigó desde la clandestinidad y ganó, es Héctor Alberto Lezama Argáez, identificado inicialmente como socio y administrador de Pioneros en Administración, otra de las empresas que transfirió recursos a Beyruti.
El pasado 15 de julio el juez Ramírez también canceló la orden de aprehensión, luego de que así se lo instruyera el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de México, en Naucalpan, que estableció que Lezama era ajeno a los hechos.
Este amparo fue otorgado desde el 15 de junio, pero la FGR nunca lo impugnó y el 12 de julio quedó firme, lo que obligó a su cumplimiento.
El Juzgado Cuarto de Distrito del Edomex también le concedió el pasado 20 de agosto el amparo contra la orden de aprehensión a Marco Antonio Medina Moreno, ya que la empresa de la que era accionista, Glabal Crecimiento en Cuentas S. de R.L. de C.V., ya no estaba dentro de la lista de factureras del SAT.
Además de Beyruti, los que hoy todavía tienen pendiente la orden de aprehensión son Heriberto Sánchez López, José Manuel Campos Campos, Jorge Leonardo Muñoz Vizcaíno, Luz María Salas Solano y Marco Antonio Medina Moreno.
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