- Al menos 184 servidores públicos fueron sancionados mediante procedimientos de responsabilidad administrativa por las contralorías internas de ocho municipios de Quintana Roo.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 184 servidores públicos fueron sancionados mediante procedimientos de responsabilidad administrativa por las contralorías internas de ocho de los once gobiernos municipales salientes de Quintana Roo.
Entre los funcionarios que incumplieron la normatividad hubo cinco ex regidores, cuatro de Tulum a quienes se inhabilitó para ocupar cargos públicos durante un año, y uno de Benito Juárez al que se le aplicó una amonestación privada.
En la lista de sancionados también figuran un par de tesoreros (Bacalar y Felipe Carrillo Puerto), dos jueces cívicos (Solidaridad), un juez del Registro Civil (Lázaro Cárdenas), 16 directores de área (Solidaridad, Bacalar, Tulum e Isla Mujeres), 16 subdirectores (Solidaridad) y 26 coordinadores de áreas operativas (Solidaridad, Bacalar, Tulum y Lázaro Cárdenas).
De acuerdo con el registro de Servidores Públicos Sancionados que obliga el artículo 91, fracción XVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, del último trimestre de 2018 al primero del presente año, Solidaridad ejecutó 120 procedimientos, Benito Juárez 28, Bacalar once, Tulum ocho, Felipe Carrillo Puerto seis, Lázaro Cárdenas cinco, Isla Mujeres cuatro y Cozumel dos.
Por la gravedad de los hechos castigados, hubo 15 inhabilitados (de uno a cinco años) para desempeñar cargos públicos, de los cuales cuatro fueron integrantes del Cabildo de Tulum que encabezó Romalda Dzul Caamal de 2016 a 2018.
A los ex regidores Yuriko Yeekon (2º), Benito May (4º), Emelina Lugo (8º) y Manuel Antonio Xiu (9º) se les condenó por el incumplimiento de la declaración de situación patrimonial por conclusión del encargo.
Igual ocurrió en ese municipio con los directores Miriam Vázquez, de Cultura; Eréndira Andrés, de Fomento Agropecuario, Artesanal y Pesquero, y Carlos Efraín Yama, de Obras y Servicios Públicos, además del coordinador del CRIM y Equinoterapia del DIF, Edgar Jesús Rivera,
En Lázaro Cárdenas se separó cinco años al Oficial número 02 del Registro Civil, Juan Carlos Marín, a quien se comprobó que generó actas de nacimiento inexistentes en el registro oficial y evitó registrar la entrega de dinero por la expedición de documentos de nacimiento, matrimonio y defunción.
Al coordinador de servicios públicos del mismo municipio, Carlos Valentín Ceme, se le impuso igualmente una pena de cinco años por la sustracción indebida de bienes muebles propiedad del ayuntamiento.
En Benito Juárez se sancionó con dos años de separación al auditor operativo José Manuel Salazar, al auxiliar administrativo José del Carmen Vasconcelos y a los policías turísticos Eduardo Escobar Manzón y José Tilo Colorado, mientras que al archivista José Eduardo Ornelas y a los auxiliares administrativos Juan José García y Roberto Etbaal Morales se les castigó con un año.
La contraloría municipal impuso también una amonestación privada al ex décimo regidor Gregorio Sánchez, quien antes de ser integrante del cabildo también gobernó Cancún.
En Cozumel se inhabilitó 12 meses al asistente administrativo del Síndico y de los regidores, Derwall Ernesto Solís, a quien se le reprendió en otro proceso por la omisión de presentar la declaración patrimonial.
De los que fueron separados por tres meses estuvieron el auxiliar administrativo Edwin Alfonso Coronado, en Benito Juárez, y la coordinadora de Concursos y Contratos, Claudia Alejandra Vázquez, y al director de Planeación, Ángel Gabriel Puc, de Bacalar.
En Solidaridad se castigó con seis meses al coordinador de Cobranza y Fiscalización, José Antonio Gutiérrez, y al director de Transporte, Lucas Medinilla se le impuso otra pena de tres meses por generar de manera extemporánea su declaración inicial.
Con igual suerte corrió la directora de Ingresos en Felipe Carrillo Puerto, Krystal Lizzet Sánchez, por un inadecuado registro de ingresos y falta de reintegro a las cuentas de banco. La mayor acumulación de procedimientos de responsabilidad administrativa ocurrió en Solidaridad, como las amonestaciones públicas a los jueces cívicos Juan de Dios Güitrón y Juan Francisco Pérez, y a los directores del Instituto del Deporte, Miguel Castillo; del equipo de fútbol Inter Playa, Héctor Guillermo Almazán; de Ingresos, Jorge Manuel Gutiérrez; de Promociones y Atracciones de Inversiones, Ámbar Zulemy Opengo, y de Recursos Humanos, Ismael Peraza, entre otros servidores públicos.
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