- Salgado Valladares le reportó a “El Gil” que tenía a varios “ayotzinapos”, enseguida el ex jefe regional de los Guerreros Unidos los pidió.
ANTONIO BARANDA / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- El 26 de septiembre de 2014, Gildardo López Astudillo, “El Gil”, ex jefe regional de los Guerreros Unidos, pidió a un mando de la Policía de Iguala que le entregara a todos los normalistas detenidos ese día.
La exigencia se la hizo a Francisco Salgado Valladares, segundo comandante de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, y gente de confianza del entonces director de la corporación, Felipe Flores Vázquez.
Así consta en una conversación vía mensajes de texto entre el delincuente y el mando municipal, difundida ayer por la Secretaría de Gobernación, por instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Ignacio”, como se identifica a Salgado Valladares en la documentación hecha pública, le reporta a “El Gil” que tiene a varios “ayotzinapos” detenidos que andaban encapuchados y armados.
“Pásame unos por el camino a Pueblo Viejo, yo los recibo. Tengo unas camas para aterrizarlos, pásame los detenidos”, le responde “El Gil”, quien entonces era lugarteniente en 10 municipios guerrerenses, entre ellos Iguala, Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala del Progreso.
Salgado Valladares obedece a “El Gil” y le contesta con un “OK, ya los suelto”; el comandante le notifica que le va a enviar un autobús con 21 personas “para que los revienten ustedes”, y agrega que tiene a 17 más en “La Cueva”.
“Sí, entrégame a todos los detenidos”, le pide “El Gil”.
“Ignacio” le reitera que tiene a “17 todavía”, por lo que solicita al narcotraficante mandar a gente suficiente a “La Brecha de los Lobos” y le dice si quiere que este grupo de jóvenes también le sea entregado.
-¿Estos también los quieres y decimos que no ‘isimos’ detenciones?-, le pregunta el comandante.
-“Dile al gordo k los paren, vienen más autobuses, (diré) que no tengo ningún detenido (y que) todos los paquetes se entregaron viejo”-.
“El Gil” le ordena decir -a su superior- que “no agarró nada”, a lo que Salgado Valladares le contesta que le reportará al “Secre”, en alusión al director de Seguridad Pública Municipal.
En atención a la instrucción presidencial girada durante la mañanera, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa puso a disposición de la opinión pública esta “información relevante” que entregó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
‘Querían que soltaran a 10’
Gobernación también transparentó una conversación entre Alejandro Palacios Benítez, “El Cholo Palacios”, jefe de plaza de Taxco de los Guerreros Unidos, con un posible policía de Tepecoacuilco, Guerrero, identificado como “Ramón”.
La conversación, también calificada como “de interés” por la Comisión del Caso Iguala, tuvo lugar el 4 de octubre de 2014, días después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
“El Cholo” le dice a “Ramón” que encontraron una fosa clandestina en Pueblo Viejo atribuida a “Gil”, en referencia al capo Gildardo López Astudillo, a lo que el policía le dice que algún “28 abrió la boca”.
-“¿Pero no crees que hay algún arreglo? Ayer te comenté que le pedían línea a Gil. Querían que se les soltaran aunque sea 10, como estuvieran, para calmar un poco, el encargado que llegó de la ministerial”, externa “Ramón”.
El presunto agente municipal le dice a “El Cholo Palacios” que al siguiente día le va llevar un huésped.
“Gil”, le dice inmediatamente, “pa donde tú estás”, agrega.
El jefe de plaza le pregunta dónde lo tiene, aunque no queda claro si el “huésped” a que se refiere “Ramón” es López Astudillo.
“En una cueva”, le responde “Ramón”, quien agrega que están reventando todas las “cazuelas”, en aparente alusión a casas de seguridad de Guerreros Unidos.
-La ‘kasake reventaron era de Gil, ayí de donde se yevaron las arms y la kamioneta-, agrega “El Cholo”.
Al final de la conversación se ventila que otra persona, a quien llaman “La Pompi” fue detenida durante un operativo.
“Kon él tenían viejo, para saber todo el pedo”, finaliza el narco.
Acusan opacidad
La difusión de testimonios del caso Ayotzinapa, que estaban en manos del Ejército, evidencia que la institución castrense sí ocultó información, acusó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
“(La Sedena) siguió administrándola (información) después de que, por Decreto Presidencial, se le impusiera en diciembre de 2018 la obligación de entregar a las autoridades civiles todos los elementos que tuviera sobre el particular”, refirió.
“Dada la opacidad castrense, no puede descartarse que exista más información en su poder”, planteó.
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