- El mandatario busca evitar que las obras de su administración, como el Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas, sean frenadas por amparos u otros recursos legales.
ANTONIO BARANDA / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró “de interés público y seguridad nacional” la realización de proyectos y obras de infraestructura a cargo del gobierno federal, y que se consideren prioritarias o estratégicas para el desarrollo del país.
Expertos advirtieron que el decreto publicado ayer en una edición vespertina del Diario Oficial tendrá graves implicaciones legales y además será un pretexto para no transparentar los contratos y el gasto en las obras.
De esta manera, el mandatario busca evitar que las obras de su administración, como el Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas, sean frenadas por amparos u otros recursos legales que ha calificado de embestida.
La medida aplica para proyectos y obras de infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles.
Además, ordena a las dependencias otorgar autorizaciones, dictámenes, permisos o licencias en un plazo máximo de cinco días.
Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.
“Este decreto del presidente es evidentemente inconstitucional”, advirtió ayer el exministro de la Corte, José Ramón Cossío.
Para la expresidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Jacqueline Peschard, el acuerdo es un grave retroceso en materia de transparencia.
“Pasa por encima de la transparencia de acuerdo con la propia Constitución, con el Artículo 6 de la Constitución todas las obras públicas, todo lo que tiene que ver con recursos públicos deber de ser público, entonces no puede simplemente ser algo que se decide arbitrariamente”, indicó.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, consideró que el acuerdo es la culminación de un proceso que inició con el traslado de la mayor parte de los proyectos estratégicos a las Fuerzas Armadas.
Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) señaló que declarar un proyecto de interés público o de seguridad nacional es la primera línea para “brincarse” la ley en materia de transparencia, la cual considera a ambos criterios como excepciones a la obligación de hacer pública la información relacionada con éstos.
Paolo Salerno, de Salerno y Asociados, planteó que este decreto crea una situación de total desbalance para el análisis de todo proyecto de infraestructura.
“¿Cómo se puede definir en cinco días si hay una violación de impacto ambiental, social o de derechos humanos? ¿Qué pasa si la resolución final es negativa y ya se han implementado medidas que tiene impactos irreversibles?”, cuestionó el especialista en proyectos de energía.
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