- A pesar de que Carnival obtuvo temporalmente medidas cautelares que la protegieron para evitar recaudar la contribución, le fue decretado un sobreseimiento a su reclamo por un juzgado federal.
MARCO ANTONIO BARRERA
COZUMEL, Q. ROO.- La crucerista Carnival siempre sí recaudará y entregará a las autoridades municipales de Cozumel, el cobro por el Derecho de Saneamiento Ambiental de los pasajeros que visitan la ‘Isla de las Golondrinas’.
A pesar de que la naviera obtuvo temporalmente medidas cautelares que la protegieron para evitar recaudar la contribución, le fue decretado un sobreseimiento a su reclamo por un juzgado federal.
Con la resolución de primera instancia se impone a la empresa estadounidense el pago de derecho a 152 mil 592 pasajeros que han arribado en 64 embarcaciones de julio al presente mes, que representan un pendiente de por lo menos 1.7 millones de pesos.
Carnival Corporation intentó evitar el captar el derecho impositivo mediante un juicio de amparo que se radicó con el número 26502155 del Juzgado Segundo de Distrito, al impugnar el Decreto Número 22 publicado en el Periódico Oficial el Estado el 27 de diciembre de 2019, en vigor el año pasado.
El cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental entre las empresas de servicios se consigna en los artículos 135 bis, 135 ter, 135 quárter, 135 quinquines, 135 sexties y 135 sépties de la Ley de Hacienda de Cozumel, que obliga a reportar el pago por cada 24 horas de estancia de los visitantes a la ínsula, el cual se fija en 11.65 pesos por cada turista en 2021.
La contribución es utilizada por las autoridades para propiciar el desarrollo sustentable, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental, con cargo a los viajeros que arriban (por vía aérea o marítima) o permanecen temporalmente en la ínsula.
La Ley de Hacienda municipal dicta que el impuesto será retenido en taquilla por los prestadores de servicios, enterado y entregado a la tesorería municipal en un plazo máximo de cinco días.
Para los que lleguen por la vía marítima se deberá cubrir al momento de adquirir el boleto o cuando se pague la tarifa por el uso de la infraestructura portuaria cuando se llegue en una embarcación privada.
En el análisis del juzgador, las empresas son únicamente auxiliares de la administración pública en la recaudación dada su obligación legal, pero “no implica que cause un agravio personal y directo al prestador del servicio”, de ahí que carecen de interés jurídico para impugnar jurídicamente.
De acuerdo al juez Gerardo Vázquez Morales, el derecho retenido pertenece al usuario, mismo que tendría el interés jurídico para impugnar, pues el vínculo creado con la empresa es únicamente de una “responsabilidad solidaria” con los contribuyentes.
Una posible afectación de quien lo cobra para interponer un juicio, añadió, es que se le impusiera un crédito fiscal por el incumplimiento de su obligación establecida. “Debe acreditar que presentó dicho informe o que se le impuso un crédito fiscal por no haber realizado la retención de la contribución”.
El litigio de la crucerista lleva 22 meses, tiempo en el que obtuvo una suspensión definitiva con lo que pudo evitar el pago fiscal previo depósito de una garantía equivalente al monto que debería reportar, pero ante la sentencia adversa el caso se analiza en segunda instancia, mediante un recurso de revisión en el Segundo Tribunal Colegiado.
La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) informó que a la terminal Puerta Maya de Cozumel arribaron 64 navíos de Carnival con 142 mil 676 pasajeros de julio al pasado 24 de noviembre; es decir, un promedio por embarcación de mil 740 visitantes.
Por una estancia de al menos un día de los viajeros se debería enterar al menos, una contribución por un millón 777 mil 696 pesos con 80 centavos.
La actividad de cruceros en Cozumel se mantuvo inactiva durante 15 meses a causa de la pandemia del Covid-19, pero se reactivó en junio pasado, aunque la empresa con sede en La Florida reinició arribos al mes siguiente.
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