POR KUKULKÁN
LA ACUSACIÓN de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo para que el juez de la causa le imponga una pena de 15 años, la máxima para el delito de lavado de dinero, debería tener muy preocupado al magistrado Carlos Lima Carvajal pues desde la dirección general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el estado fue el operador inmobiliario de los despojos que realizó durante su gestión el ahora ex mandatario a través de una red de funcionarios de su administración, hechos que ahora son investigados.
LA PAPA CALIENTE de este asunto, lo trae la agente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Elizabeth Alcántar Cruz, quien presentó su acusación contra el ex Gobernador de Quintana Roo ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México, acompañado con 145 pruebas, entre ellas 61 testigos, 4 peritajes, 9 documentales, 37 documentos registrales, 20 oficios del Servicio de Administración Tributaria, 8 de distintas dependencias, 2 del Registro Público Marítimo Nacional y 4 anexos fotográficos.
NO FUE TODO. La funcionaria responsable pidió también al juez imponer a Borge una amonestación, suspender sus derechos civiles y políticos por el plazo que dure la prisión y ordenar la restitución al Gobierno de Quintana Roo de los 22 predios vendidos a allegados del ex mandatario preso. “Durante el periodo del 5 de abril de 2011 al 25 de septiembre de 2016, el acusado Roberto Borge, en ese entonces en su calidad de Gobernador de Quintana Roo, estructuró a un grupo de personas entre las que se encontraron servidores públicos de esa entidad, familiares directos y amigos cercanos del acusado, con la finalidad de cometer… el ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, acusa.
“LAS CONDUCTAS llevadas a cabo por esta organización delictiva recayó sobre 22 inmuebles (enajenados y adquiridos durante el periodo de gobierno de Borge) cuyo valor real era de mil 138 millones 889 mil 540.15 pesos y el valor de venta fue de 238 millones 790 mil 121.98 pesos, lo que evidencia una diferencia de 900 millones 99 mil 418.77 pesos, que representa el monto que dejó de percibir el estado de Quintana Roo”, estableció la agente del Ministerio Público federal.
PERO el magistrado Lima Carbajal goza de fuero y anda muy quitado de la pena, hasta aspira a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia el año que entra que el pleno deberá decidir al sustituto del actual magistrado presidente Antonio León Ruiz, quien deja el cargo en enero y será sustituido por un presidente interino con plazo de seis meses hasta que se designe al nuevo. Lima Carbajal sigue presumiendo su poder de influencia sobre la alcaldesa Mara Lezama Espinosa y si esta llega a la gubernatura como todo apunta sucederá entonces se convertirá en magistrado presidente.
HACE siete años, Lima Carbajal fue designado magistrado numerario del TSJ como parte de un paquete de impunidad que dejó el gobernador Roberto Borge colocando en puestos claves de la procuración y administración de justicia a varios funcionarios afines para qué le cuidarán las espaldas a futuro, pero con la situación que enfrenta su otrora protector, Lima debe de empezar a cuidarse su propia espalda.
