- Jueces federales negaron amparos contra el aseguramiento de bienes obtenidos ilegalmente por la empresaria Erika García Deister.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- La empresaria Erika García Deister está cada vez más lejos de recuperar un par de departamentos de lujo de los que incumplió el pago de créditos, pero pretendió conservar orquestando juicios laborales amañados.
Jueces federales le negaron medidas cautelares en su intento de combatir el aseguramiento ejecutado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, por la orden de un Juez de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Cancún.
A través del llamado “Cártel del Despojo”, la cancunense se confabuló con socios y amigos cercanos a su hijo, el diputado local verdecologista por Quintana Roo, Gustavo Miranda, para simular que ex empleados inconformes la demandaron por un supuesto despido injustificado para poderles traspasar las propiedades libres de todo gravamen mediante un esquema de juicios laborales tramposos.
Este ilegal entramado fue destapado por “Latinus” con un par de video reportajes que vinculó también al dirigente del Partido Verde Ecologista en la entidad, Luis Pablo Bustamante Beltrán, quien actualmente se desempeña como síndico municipal de Cancún, a pesar de estar vinculado a estos hechos delictivos.
Los ilegales hechos son objeto de una investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, a través de las carpetas de investigación FGE/QROO/BJ/07/11414/2020 y su acumulado FGE/QROO/03/4782/2021.
La primera confiscación impugnada por García Deister ante la justicia federal, fue contra el Penthouse del nivel 19 del residencial Maioris Tower de la Unidad Condominal 44, interior 75-P19 PH-s en el Lote 1-2, Manzana 27 de la Zona Hotelera.
Sobre el bien inmueble se ejecutó primero el aseguramiento del folio registral electrónico 263773 (noviembre de 2020) y su posterior confiscación física (25 febrero pasado).
La reclamada propiedad la justificó como suya mediante la escritura 53,320 pasada ante la fe del Notario Público 30 de Quintana Roo y con el contrato de compra venta con la sociedad mercantil “Maioris Cancún, S.R.L. de C.V.”
Pero la disputa jurídica sobre el inmueble ubicado sobre la avenida Bonampak tiene su origen en un reclamo del acreedor español Banco de Sabadell, S.A., sobre el pago pendiente de un crédito por 833 mil dólares americanos otorgados originalmente por la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante “Bancaja” en 2011.
Erika García se desentendió del simulado juicio laboral 152/2015 del cual se dio una sentencia de remate que adjudicó la propiedad a un grupo de personas encabezado por Bustamante Beltrán, mediante un proceso que validó la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel el Registro de la Propiedad y del Comercio en la gestión del gobernador Roberto Borge.
De acuerdo con el juicio de garantías 28909363, la empresaria reclamó el aseguramiento del bien inmueble ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en la entidad, del que gozó de una suspensión provisional condicionada previo pago de una garantía de 20 mil pesos (4 octubre), en el entendido de que tal medida no surtiría efectos si para ese momento ya se encontraba en posesión de la autoridad.
A los dos meses, el mismo juez federal le decretó la negativa de suspensión definitiva, el pasado 01 de diciembre.
El segundo revés jurídico que se dictó contra la empresaria fue resuelto por el Juzgado Sexto de Distrito, ante cuya instancia impugnó las órdenes de aseguramiento, desalojo y su lanzamiento de una segunda propiedad identificada como el Penthouse C 46 de la Torre “C”, Tercera Etapa, del Lote 3, Manzana 1, Supermanzana 4B del fraccionamiento El Table de la Av. Paseo del Parque.
La investigación de “Latinus” reveló que este despojo inmobiliario forma parte del expediente laboral 153/2015 presentado ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel en 2015, en un proceso donde se vinculó al integrante del Consejo Político Estatal del Partido Verde, Jorge David Segura Rodríguez.
El citado personaje es a su vez socio de Gustavo Miranda, que juntos participan en la empresa Xolos Transfers, S.A. de C.V. dedicada a la transportación privada de turistas a los destinos arqueológicos de Tulum, Cobá y Chichén Itzá.
El primo de Jorge David forma parte del equipo de trabajo del legislador local, al ostentar el cargo de subsecretario de Servicios Administrativos de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo.
En este caso, las medidas cautelares fueron solicitadas por la empresaria ante el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Quintana Roo a cuyo expediente se le asignó el amparo número 28808753, el pasado 7 de octubre.
Igual que en el primer juicio de garantías, en este otro se impugnó la orden de aseguramiento, desalojo, desposesión y lanzamiento “tendente a ejecutarse”, del que también se concedió una suspensión provisional, pero con la misma condición que no surtiría efectos de haberse realizado.
El fallo del juzgado federal negó la suspensión definitiva a Erika García Deister (30 noviembre), que se validó con otro en el mismo sentido (15 diciembre).
En ambas resoluciones se explicó a la quejosa que las cuatro causas decretadas del aseguramiento de un bien inmueble se deben a que forme parte de una averiguación previa o carpeta de investigación, que sea instrumento, objeto o causa de delito, o que existan pruebas o huellas por investigar.
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