- El Ayuntamiento que encabeza Blanca Merari Tziu Muñoz, se ha negado a pagar las facturas porque el ‘contrato leonino’ que ampara los cobros por el servicio a 240 meses (20 años) fue aprobado al vapor por el cabildo anterior.
MARCO ANTONIO BARRERA
PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Ante el “retraso” del pago mensual por el “Proyecto para el Desarrollo de un Sistema Integral de Eficiencia Energética y mejoramiento de la calidad del Servicio de Alumbrado Público” en el municipio de Puerto Morelos, la Directora de Egresos del ayuntamiento, Ana Isabel Luna García, fue denunciada por la empresa OFN Quintana Roo, S.A. de C.V. ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de “uso indebido de atribuciones”. Contrato
El Ayuntamiento que encabeza Blanca Merari Tziu Muñoz, se ha negado a pagar las facturas porque el ‘contrato leonino’ que ampara los cobros por el servicio a 240 meses (20 años) fue aprobado al vapor por el cabildo anterior, así como por el Congreso del Estado y simularon una licitación para beneficiar a esta empresa en la que se presume tiene intereses Carlos Alberto Moyano, esposo de la ex alcaldesa y aspirante a la gubernatura por el PRD Laura Fernández Piña.
Además, este proyecto que se contrató bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) aún no ha sido registrado ante la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas (UCEF) por incumplir requisitos de fondo como el costo-beneficio que acredite que fue mejor esta opción que haber contratado un crédito tradicional con la banca pública o privada.
Bajo estas condiciones, la Directora de Egresos se ha negado a pagar las facturas porque incurriría en el delito de peculado, lo mismo que el tesorero Vicente Franco quien ante las presiones para que libere los fondos optó por presentar su renuncia a partir de la primera quincena de enero.
El contrato número CMPM/CON/APP/002/2021, firmado el 5 de agosto de 2021, indica que la empresa OFN Quintana Roo fue seleccionada para efectuar el llamado “Proyecto para el Desarrollo de un Sistema Integral de Eficiencia Energética y mejoramiento de la calidad del Servicio de Alumbrado Público, con cobertura en la totalidad de la zona urbana de la cabecera municipal y en las principales localidades del municipio, incluidas las zonas turísticas”, por la cantidad de 42 millones 950 mil 043 pesos.
No es el único negocio privado que heredó la administración de Laura Fernández a este municipio. Otra empresa beneficiada fue INOCARIBE, S.A. de C.V., a la que se le concedió el acuerdo mercantil número CMPM/CON/APP/001/2021 bajo la misma modalidad de APP, pero para construir un inmueble de 10 niveles donde se albergaría el nuevo Palacio Municipal y módulos de Servicios Públicos.
Este proyecto contempla construir sobre un predio propiedad de la comuna, con extensión de nueve millones 206 mil 843 metros cuadrados, ubicado en la Supermanzana 8, Manzana Uno, Lote 26, justo en el acceso de la Ruta de los Cenotes y su intersección con la Carretera Federal 307.
Las condiciones del documento se suscribieron también en 240 pagos mensuales, pero cada uno por un millón 400 mil pesos sin el IVA, que al final del plazo establecido sumaría un total de 57 millones 983 mil 563.25 pesos más IVA a valor presente. El documento fue suscrito el 20 de agosto de 2021; es decir, a los 15 días después que se firmó el primer contrato.
De acuerdo con documentos que obran en poder de Luces del Siglo, ambos contratos carecieron de un dictamen de viabilidad financiera y análisis comparativo que lo sustentara, además de que no fue tomada en cuenta la capacidad económica del municipio, ya que para cumplir con los pagos mensuales se hipotecó la cuarta parte de las asignaciones federales presentes y futuras del municipio.
A pesar del andamiaje técnico creado por la anterior administración municipal para darle una supuesta legalidad al acuerdo, los documentos no pudieron ser dados de alta en el Registro Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la UCEF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Igualmente, se incumplió con la Ley de APP para el Estado y los Municipios de Quintana Roo que dicta en el artículo 15, fracción XIV, que la viabilidad de los proyectos será determinada mediante un dictamen que emita la Agencia de Proyectos Especiales, el cual deberá fundarse en un análisis de la conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante esa modalidad.
El citado procedimiento establece que se debe incluir un caso de análisis comparativo respecto de la opción de no hacer el proyecto y la opción de hacerlo mediante al menos otra modalidad de contratación, lo que en ambos casos nunca ocurrió.
EMPRESAS, ANTECEDENTES
OFN Quintana Roo, S.A. de C.V. cuenta con registro Federal de Causantes OQR2107293U8, fue creada mediante la póliza 2,187 otorgada ante la fe de la Notario Público 3 de Quintana Roo, Gabriela Lima Laurents, el 21 julio de 2021, es decir un mes antes de que le fuera adjudicados el contrato.
El contrato fue asignado primero a la moral OFN Construcciones, S.A. de C.V., pero quedó representada por la anterior en calidad de titular del contrato otorgado.
En tanto, INOCARIBE, S.A. de C.V. con registro federal de causantes INO210812JV0 fue constituida también mediante la póliza número 2,134 otorgada igualmente bajo la fe de la Notario 3 de Quintana Roo, Gabriela Lima Laurents, el 12 de agosto de 2021; es decir, ocho días antes de la adjudicación. Esta empresa obtuvo tres días antes de la firma una cesión de los derechos de INOVA CRUX, S.A. de C.V. En ambos documentos se estableció que los pagos municipales tendrían su origen en los ingresos propios de libre disposición y el porcentaje de los recursos municipales asignados por el Fondo General de Participaciones.
Te puede interesar: Olvidan aprehensión de mamá de Borge
