- A días de concluir su mandato en Puerto Morelos, Laura Fernández firmó contratos bajo esquema de APP que comprometen los recursos del Fondo General de Participaciones.
MARCO ANTONIO BARRERA
PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Un par de días antes de que la alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, acudió a San Lázaro para registrarse formalmente como diputada federal, rubricó los mecanismos de pago de uno de los contratos con los que hipotecó los recursos del Fondo General de Participaciones asignados al municipio por los siguientes 20 años.
Con su firma avaló diversos anexos, como el esquema financiero, del acuerdo número CMPM/CON/APP/001/2021 que suscribió para la construcción del nuevo Palacio Municipal.
La obra se pactó en 264.8 millones de pesos, que serían pagaderos mediante contraprestaciones de la comuna por 1.4 millones de pesos mensuales (sin el Impuesto al Valor Agregado, pero con una tasa de descuento del 4 por ciento).
A Fernández Piña el Cabildo municipal le aprobó una licencia al cargo de alcaldesa el 7 de marzo del año pasado para competir por una diputación federal, bajo la alianza del Partido Verde con Morena, la cual ganó y realizó su registro formal ante la Cámara de Diputados el 23 de agosto pasado, y a los seis días tomó posesión del cargo.
Para los vecinos del municipio, la alcaldesa ya no regresó a despachar después que obtuvo el nuevo cargo de elección popular, “ya no se le vio”.
Pero antes de presumir su flamante puesto en sus redes sociales, el día 5 del mismo mes igualmente avaló por escrito los mecanismos de pago de otro contrato identificado con el número CMPM/CON/APP/002/2021.
Mediante ese documento se otorgó en concesión la renovación y mantenimiento del alumbrado público a un valor presente de 384 millones de pesos pagaderos mediante contraprestaciones mensuales de un millón 590 mil pesos cada una, durante el mismo plazo de 20 años.
Entre los dos acuerdos mercantiles, la ex alcaldesa dejó como garantía de pago el 48 por ciento del total de los recursos federales de la comuna para favorecer a un par de empresas en las que se presume tiene intereses su esposo Carlos Alberto Moyano.
Los contratos fueron suscritos bajo el esquema de Asociación Pública Privada (APP) con las empresas Inocaribe, S.A. de C.V. (construcción de un centro de atención y oficinas de servicios públicos) y OFN Quintana Roo, S.A. de C.V. (renovación del alumbrado público), cuyos alcances jurídicos concluirán hasta 2041.
Y para el denominado Proyecto de Inversión y Prestación de Servicios bajo el esquema de Asociación Público Privada denominado “Unidad de Servicios Administrativos Puerto Morelos, Consistente en un Centro de Atención a los Ciudadanos, Oficinas Administrativas para la Prestación de los Servicios Públicos del Municipio”, se dejó como aval el 23 por ciento de las participaciones federales con un beneficio reportado de 37 mil habitantes.
Más aún, para garantizar que los pagos mensuales pudieran interceptarse inmediatamente después de que la federación los depositara a la cuenta del Ayuntamiento, fue creado un fideicomiso que ya fracasó en su intento por cobrar las facturas que la empresa OFN Quintana Roo reclama como adeudos de los primeros tres meses, debido al reporte que se tiene de que los proyectos no fueron debidamente acreditados y justificados como APP.
TRASPASAN LICITACIÓN
La adjudicación del contrato fue asignada originalmente como desarrollador a la moral Inova Crux, S.A. de C.V., que fue ganadora del Concurso Público MPM/APP/001/2021, el 17 de agosto de 2021.
Pero procedió una cesión de derechos mediante un acto legal en que la representante de ambas sociedades mercantiles, la ganadora y la nueva favorecida, fue la misma Martha Lidia Aguilar Ruiz, el 17 de agosto de 2021.
La moral responsable se constituyó el 12 de agosto anterior y quedó inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el folio mercantil número N-2021056884 para fungir como Desarrollador de Contrato APP.
En tanto, para la concesión del alumbrado público, el gobierno municipal desembolsará 19 millones 200 mil pesos para la ejecución inicial del proyecto de sustitución de luminarias e infraestructura mediante pagos mensuales que serán por adelantado, a razón de a 1.59 millones de pesos, en un plazo que podría durar de 12 a 17 meses.
Para garantizar las contraprestaciones se dejó en garantía el 25 por ciento de recursos asignados en el Fondo General de Participaciones, que se mantendrán disponibles en un Fideicomiso en Banorte identificado con el número 75220.
Con la adjudicación del contrato-concesión con la empresa OFN Quintana Roo, se renovarán 3,578 luminarias y se procederá a la instalación o rehabilitación de 67 circuitos de energía del alumbrado público, lo cual no han empezado, pero ya quieren cobrar.
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