- Manuela, una mujer analfabeta y madre de dos hijos, estaba en su casa cuando complicaciones médicas derivadas del cáncer que padecía, le provocaron un aborto espontáneo.
ESTEFANÍA ESCOBAR / AGENCIA REFORMA
EL SALVADOR.- Manuela tenía 31 años cuando fue encarcelada y condenada a 30 años de prisión por perder un embarazo mientras estaba en su casa, en una zona rural en el oriente de El Salvador. Dos años después, en 2010, murió en prisión por la falta de atención médica oportuna del cáncer linfático que padecía.
A más una década de su fallecimiento, el pasado 30 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable internacionalmente al Estado salvadoreño de violar todos sus derechos y ordenó una serie de medidas para la reparación de los daños y para evitar que más mujeres sigan siendo criminalizadas por emergencias obstétricas.
En un país con una de las leyes más restrictivas en el mundo sobre el aborto, la sentencia del tribunal, según consideran defensores de los derechos humanos, ha empezado a marcar precedentes.
“Recibimos la noticia, el 23 de diciembre, que se iban a conmutar las penas de Karen, Kathy y Evelyn (que estaban encarceladas por hechos similares a los que sufrió Manuela)”, sostuvo en entrevista Edward Pérez, asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos, organización mundial que representó a la familia de Manuela ante la Corte IDH.
“Lo que entendemos es que esta es una reacción por parte del Estado de El Salvador, una respuesta a la incidencia, a la presión que deriva de esa misma sentencia de la Corte Interamericana, y a la presión de distintas organizaciones de la sociedad civil para revertir estas detenciones arbitrarias”.
En su fallo, la Corte IDH reconoce que el caso de Manuela no es aislado, sino que existe un contexto de criminalización de mujeres que están en situación de pobreza y que sufren emergencias obstétricas, por lo que son acusadas por el delito de homicidio, con penas de entre 30 y 50 años de cárcel.
Señala, además, que las autoridades judiciales actúan con base en estereotipos de género que impiden procesos justos.
Desde el 2000, cuando entró en vigor la prohibición absoluta del aborto en El Salvador, al menos 180 mujeres han sido criminalizadas por hechos similares a los de Manuela, según un reporte conjunto del Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.
Manuela, una mujer analfabeta y madre de dos hijos, estaba en su casa cuando complicaciones médicas derivadas del cáncer que padecía —y del cual, para ese momento, no estaba enterada— le provocaron un aborto espontáneo.
Sin embargo, en lugar de recibir una atención prioritaria la dejaron esperando mientras personal médico la denunciaba de supuestamente haber cometido el delito de aborto.
“Para el momento en que ella retoma la consciencia, ya se encontraba esposada en su cama, y había sido detenida en ese momento en flagrancia por personal policial, basándose en información que debía estar protegida por el secreto médico”, enfatiza el abogado.
A Manuela y a su familia nunca los escucharon, y poco tiempo después, fue condenada por el delito de homicidio agravado.
“Lamentablemente, durante el cumplimiento de su condena, que fue establecida a 30 años, se le negó una atención a servicio integral, que incluía la posibilidad de detectar y luego tratar oportunamente el cáncer que ella padecía, todo lo cual contribuyó a su muerte”, relató el abogado.
De momento, Karen, Kathy, y Evelyn, mujeres que estaban encarceladas por hechos similares a los de Manuela, recuperaron su libertad el 23 de diciembre y pudieron pasar la Navidad con su familia.
Pérez y Herrera confían en que pronto puedan hacerlo otras 13 mujeres que siguen en prisión y ninguna más tenga que pasar por lo mismo.
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