- Julia Carabias advirtió que desde el inicio de la Administración de AMLO la empresa Calica-Legacy Vulcan, interpuso una demanda de indemnización contra el Gobierno federal.
BENITO JIMÉNEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La investigadora Julia Carabias advirtió que desde el inicio de la Administración de Andrés Manuel López Obrador la empresa Calica-Legacy Vulcan, que extrae material pétreo en Quintana Roo, interpuso una demanda de indemnización contra el Gobierno federal luego de que fuera clausurada de manera parcial en enero de 2018. Eso, consideró, pudo asomar una molestia del tabasqueño, lo que provocó que se lanzara contra ambientalistas.
“Ojalá que, en vez de atacar, el Presidente volteara a conocer y resolver la situación en la que se encuentran estos sitios y que su coraje con la empresa Calica-Legacy Vulcan no siga poniendo en riesgo a quienes trabajamos por México con el único interés de defender la naturaleza y los derechos humanos”, indicó en una carta.
El 1 de febrero López Obrador manifestó durante su conferencia mañanera que la investigadora Julia Carabias era Secretaria del Medio Ambiente cuando se otorgó el permiso para la explotación de materiales en Playa de Carmen.
“(Son) 400 hectáreas para extraer material, un banco de material, y decía yo que se había entregado el permiso a finales del Gobierno de Zedillo. Me están informando, y lo voy a constatar, que era Julia Carabias la Secretaria del Medio Ambiente”, comentó entonces.
“Y es como la gran defensora del medio ambiente. Imagínense, entregar un permiso para extraer material de construcción para un banco de materiales a mil metros de la playa, del Caribe, del mar turquesa, de las zonas más bellas del mundo. Siempre el doble discurso, la doble moral. Entonces, eso ya no”.
Carabias replicó que el 30 de noviembre del año 2000, como titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), otorgó a la empresa Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. (Calica, subsidiaria mexicana del grupo norteamericano Legacy Vulcan, LLC.) un permiso para la extracción de material pétreo en dos predios de su propiedad (La Adelita y Corchalito) en Playa del Carmen, adquiridos en 1996.
Dijo que la empresa inició operaciones en la zona desde 1986 con la autorización de las autoridades federales, estatales y municipales conforme a sus atribuciones legales.
“La manera como el Presidente cuenta la historia es una burda y acomodada simplificación de los hechos, y el comunicado de prensa Núm. 006/22 emitido por la Semarnat el 3 de febrero contribuye a la confusión y desinformación al asegurar -en desconocimiento del marco jurídico que regula este complejo asunto- que la única autoridad competente para autorizar esos permisos de impacto ambiental era la Semarnap y ninguna autoridad local tenía ese tipo de atribuciones”, lamentó Carabias.
“Las autorizaciones en materia de impacto ambiental no son permisos incondicionales ni eternos. No son cheques en blanco. Cada autorización compromete y fija condiciones precisas que regulan la operación de cada proyecto, de manera que se minimicen los impactos al medio ambiente”, puntualizó.
Con ello, señaló que en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada por Semarnap, cuando era su titular, se impusieron condicionantes numerosas y exigentes, en materias tan diversas como el manejo de los residuos peligrosos, las cantidades máximas de material que se pueden extraer cada año, medidas de mitigación, prevención y/o compensación y la restauración de áreas afectadas, entre muchas otras.
Recordó que en 2017 la Profepa realizó inspecciones en las cuales señaló que Calica no estaba cumpliendo con las condiciones de la autorización de impacto ambiental y en enero de 2018 impuso una clausura parcial al banco de materiales.
“Es por esos hechos -la modificación de la legislación municipal y las actuaciones de la Profepa- entre otros, que la empresa alega la afectación de sus derechos y por lo que, en 2018, interpuso un arbitraje en CIADI en contra del Estado mexicano”, abundó.
“Resultaría indignante que México tuviera que pagar la indemnización que demanda la empresa en caso de que ella gane el juicio, pero corresponde al Gobierno actual la defensa de los actos realizados desde el 2009 por autoridades de los tres órdenes de Gobierno que son motivo de ese conflicto internacional. Es en ello que se debe concentrar la atención. Sobre este asunto no tengo ninguna responsabilidad”.
“La injustificada y frecuente difamación que hace el Presidente a muchos defensores ambientales desde su tribuna matutina, como lo ha hecho en esta ocasión a mi persona, nos hace vulnerables en nuestra integridad física, sobre todo a quienes trabajamos, coadyuvando con programas de Gobierno, en zonas muy complejas e inseguras”.
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