- Entre las propuestas para combatir el financiamiento del crimen en las campañas está realizar mapas de riesgos en colaboración entre el INE y las áreas de *seguridad e inteligencia del gobierno federal y los estados.
ÉRIKA HERNÁNDEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Tras documentarse la injerencia del crimen organizado en el proceso electoral de 2021, especialistas urgieron a reforzar los mecanismos para detectar el dinero de la delincuencia en campañas, elaborando mapas de riesgo e investigando a los proveedores.
Aunque afirman que México cuenta con uno de los mejores sistemas de fiscalización en el mundo, consejeros electorales aseguran que se queda corto ante las artimañas de las bandas criminales y candidatos para ganar cargos de elección popular.
Actualmente, el Sistema de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) obliga a los candidatos a registrarse en una plataforma, y tienen tres días para reportar los gastos y aportaciones que reciben, mientras que los partidos deben entregar un informe de campaña sobre todos sus ingresos y erogaciones.
El organismo rastrea depósitos de entes prohibidos, como empresarios, iglesias o sindicatos, además de monitorear gasto en espectaculares, propaganda en medios y redes sociales, así como acudir a eventos de manera aleatoria y visita casas de campaña.
“Ante el panorama que tenemos no podemos seguir con la misma fiscalización, tan inercial, de contar espectaculares, eventos, depósitos, sino ir más allá en algunas regiones, ver cómo se mueve el crimen, revisar cómo se investiga en otras partes del mundo”, dijo la exconsejera Pamela San Martín.
En 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que durante el proceso electoral detectó 257 operaciones inusuales relacionadas con 213 personas que ejercieron una probable injerencia en el proceso electoral, pero no se conocen nombres o resultados de las investigaciones.
“El Sistema de Fiscalización del INE ve más la forma que el fondo. Los contextos han cambiado, ahora el dilema no está en si los partidos entregan tres días tarde (su reporte de gastos) sino en cerrarle el paso al financiamiento ilegal, a los recursos del crimen organizado”, aseguró la consejera Carla Humphrey.
Entre las propuestas para combatir el financiamiento del crimen en las campañas está realizar mapas de riesgos en colaboración entre el INE y las áreas de *seguridad e inteligencia del gobierno federal y los estados, para una fiscalización diferente en municipios delicados y para darle seguimiento a ciertas candidaturas.
Investigar a quienes se registran en la lista de proveedores del órgano electoral para detectar empresas fachada, o que están relacionadas con personajes dudosos, así como tener acceso a bases de datos sobre propiedades o autos, pues empresarios dan casas de campaña o vehículos a aspirantes.
También crear un sistema de licitaciones públicas transparente en el que no haya favoritos, lo que inhibiría el financiamiento de empresarios relacionados con la delincuencia.
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