- Si bien Loret de Mola es una persona pública, no está obligado a transparentar su patrimonio, como sí lo están quienes ejercen el servicio público.
AZUCENA VÁSQUEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Al exhibir los presuntos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, el Presidente Andrés Manuel López Obrador violó el secreto fiscal, que obliga a los funcionarios a guardar secrecía sobre información de los contribuyentes, pero también pone en riesgo la integridad de los ciudadanos y la libertad de expresión, alertaron ayer expertos en leyes y fiscalistas.
Durante la mañanera, el Presidente exhibió una diapositiva con los supuestos ingresos de Loret Mola durante el año pasado, provenientes de al menos cinco empresas distintas.
“Si fuera una sola empresa, podría llegar a pensarse que fue la que entregó esa información, pero aquí hablamos de empresas independientes, entonces, todo indica que en caso de que la información fuera verídica, se obtuvo a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, de ser así, hay una violación al Artículo 69 (del Código Fiscal)”, externó Óscar Márquez, fiscalista y socio del despacho Calvo Nicolau y Márquez Cristerna.
Resaltó que también se violó la protección de datos personales, porque los ingresos son considerados como tales.
Otro fiscalista y abogado, quien pidió el anonimato, describió que todo funcionario que accede a la información tiene la obligación de la secrecía y, si la viola, comete un delito.
Además, si otro funcionario le pide la información o lo incita a revelarla, como pudo ocurrir en este caso, abundó, a ese otro funcionario se le llama instigador y también es penalmente responsable.
“El Presidente, al final del día, es un funcionario público, y al no guardar esa secrecía, está incurriendo en una actividad ilícita”, señaló.
Márquez refirió que este delito se castiga con una pena que va de 1 a 6 años de prisión; sin embargo, el Presidente tiene fuero.
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, lamentó que desde la tribuna presidencial se exhibieran los ingresos de un periodista, en lugar de condenar el asesinato del reportero Heber López Sánchez, ultimado a balazos el miércoles en Oaxaca, y anunciar un plan para proteger a la prensa.
Para el abogado Luis Manuel Pérez de Acha, hay uso de información sensible y reservada (fiscal y bancaria), lo que constituye un delito.
Si bien Loret de Mola es una persona pública, consideró Dafne Méndez, socia fundadora de Privacy Watchers, no está obligado, como se lo requirió el Presidente, a transparentar su patrimonio, como sí lo están quienes ejercen el servicio público.
“La única forma en que se puede a dar a conocer esta información es bajo un mandamiento judicial emitido por una autoridad competente”, explicó.
El que AMLO ventile información sobre los ingresos de una persona constituye una amenaza para la sociedad en su conjunto, toda vez que, desde el Púlpito Presidencial, se están violando derechos y leyes y poniendo en riesgo la integridad de los ciudadanos, advirtió María Elena Pérez-Jaén, ex comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (hoy INAI).
Pérez-Jaén advirtió que lo ocurrido esta mañana es una amenaza para la sociedad, porque la posibilidad de que el Presidente “saque los expedientes” de quienes no piensan igual que él se convierte en un acto intimidatorio.
“Independientemente de la denuncia que se presente al INAI, el INAI está obligado a iniciar un procedimiento en contra de Andrés Manuel López Obrador de oficio”, afirmó.
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