- Pretendieron en Sesa hacer negocio con pandemia, esfuman 6 mdp pero ‘el mayor daño fue obstaculizar la atención médica en contingencia’.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- La urgencia de la reconversión hospitalaria ante la pandemia de Covid-19 fue vista como una oportunidad para hacer negocios por algunos funcionarios de los Servicios Estatales de Salud (Sesa) de Quintana Roo. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que se entregaron contratos de manera directa a personas físicas sin experiencia en el ramo y se validaron como auténticos documentos apócrifos.
Como resultado, los beneficiarios de estos contratos no pudieron cumplirlos y generaron daños patrimoniales por más de 6 millones de pesos, revelan tres auditorías practicadas por la ASF. En sus dictámenes, el máximo órgano de fiscalización del país destaca que el mayor daño no se encuentra en el monto de lo observado, sino en la obstaculización de la atención médica en plena contingencia sanitaria generada por la aparición del virus SARS-CoV-2.
De acuerdo con las auditorías, contenidas en el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020, en dos ocasiones se contrató a personas físicas para proveer de material médico. Lo anterior ante la reconversión hospitalaria para enfrentar el alto número de hospitalizaciones que generaba la enfermedad Covid-19.
Tales contratos se entregaron por adjudicación directa, cuando debieron ser sometidos a licitación pública. Además, los beneficiarios eran personas físicas sin experiencia en el ramo y que habían iniciado su actividad económica el 24 de abril de 2020, seis días antes de que se les entregara el contrato, es decir, el 30 de abril de ese mismo año. En sus evaluaciones, la ASF no revela si en los dos casos se trata de la misma persona.
Otra irregularidad fue que, en un contrato distinto, se utilizó un documento apócrifo para que una empresa postulante cumpliera con los requisitos y finalmente obtuviera el contrato. Una más, fue un subejercicio por 11 millones 912 mil 600 pesos.
La Federación transfirió 459 millones 879 mil 900 pesos al gobierno de Quintana Roo, mediante el Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social. Otros 53 millones 804 mil 900 pesos se entregaron a través del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral. Y mil 857 millones 866 mil 300 mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
En total, en 2020 los Sesa recibieron de la Federación un total de 2 mil 371 millones 551 mil 100 pesos.
ORDENAN SANCIONES
La auditoría de cumplimiento 2020-A-23000-19-1188-2021, practicada al Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y Demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social, detectó un probable daño a la hacienda pública por 5 millones 866 mil 800 pesos y ordenó una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Lo anterior, contra los funcionarios que no fundaron y motivaron la excepción a la licitación pública en el contrato SES-COVID-025-2020.
Para los auditores, los Servicios de Salud del estado incumplieron con los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez. Con tal adjudicación directa se compró equipo de protección necesario para el plan de reconversión hospitalaria ante la pandemia de Covid-19.
Reprobaron también que los servidores públicos no revisaran que la persona física a la que se le adjudicó el contrato no disponía del capital suficiente ni de la experiencia en el ramo. Resulta que el contratante había iniciado su actividad económica seis días antes de que se le asignara la compra.
Lo anterior en incumplimiento de la Constitución, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Reglamento de la misma Ley y del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En su dictamen, la ASF determinó que el gobierno del estado “incumplió con las obligaciones de transparencia”.
Acerca de la auditoría de cumplimiento 2020-A-23000-19-1197-2021, practicada al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, la ASF también inició una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria contra servidores públicos.
En este caso por haber adjudicado de manera directa un contrato que debía someterse a licitación pública. Además, en este proceso no avisó al Comité de Adquisiciones, por lo que tampoco contó con su autorización.
Adicionalmente, se encontró que este contrato SES-COVID-025-2020, relativo a la adquisición de equipo de protección necesario en el plan de reconversión hospitalaria, fue entregado a una persona física que no disponía del capital contable suficiente para cumplir con la entrega de los bienes, su situación fiscal era irregular y había iniciado su actividad económica seis días antes que le entregaran el contrato.
En su dictamen, la ASF determinó que la entidad federativa “infringió la normativa del fondo, principalmente en materia de destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”. El daño a la hacienda pública es por la cantidad de 560 mil pesos.
DOCUMENTOS APÓCRIFOS
Con respecto de la auditoría de cumplimiento 2020-A-23000-19-1201-2021, al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, la ASF también emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa.
En este caso, solicita realizar “las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos, y en su caso, determine la presunta responsabilidad administrativa” de servidores públicos. Se les acusa de ser omisos ante un documento apócrifo entregado por uno de los contratistas.
Se refiere a la póliza de fianza 23985563, con línea de validación 572853698569OY25 del 10 de noviembre de 2020, presentada por un proveedor para garantizar el cumplimiento del contrato SESA-DA-035-2020. Lo que compró el gobierno del estado fue química seca con equipos en comodato.
Los funcionarios que dieron por bueno tal documento violaron la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Acuerdo por el que se Expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, entre otras disposiciones normativas.
En su dictamen, la ASF reprueba también el subejercicio de 22.1 por ciento de los dineros entregados mediante el programa de medicamentos gratuitos para la población. Se trata de 11 millones 912 mil 600 pesos.
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