Por KUKULKÁN
UN VERDADERO lío se está escribiendo en el gobierno de la Cuarta Transformación y su epicentro está ubicado en Tulum, Quintana Roo, particularmente en el Ejido Pino Suárez, y es que así, con la mano en la cintura, y desde la mañanera de Palacio Nacional, dos funcionarios federales decidieron lo que los tribunales agrarios no han podido resolver durante años, al asegurar que dicho ejido no colinda con la Zona Federal Marítimo Terrestre del Mar Caribe.
ANTE la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, con toda tranquilidad, tanto el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón como el Procurador Agrario, Luis Hernández Palacios Mirón se erigieron en la más alta autoridad y en cuestión de minutos dieron por resuelto un conflicto añejo sobre la propiedad de un polígono de terrenos ubicado en la costa quintanarroense, por lo mismo ampliamente codiciadas por inmobiliarias, hoteleros, empresarios y políticos.
DURANTE años esas tierras han estado en la especulación de los propios ejidatarios que se han dedicado a venderlas y revenderlas apelando a su “derecho de propiedad”, lo cual desató un conflicto jurídico entre los diferentes propietarios que adquirieron “de buena fe” como predios privados, mismos que en los juicios sostienen que no son parte del ejido Pino Suarez porque este no llega al mar, con lo que los ejidatarios no están de acuerdo.
“ESE EJIDO no colinda con el mar”, sentenció Meyer Falcón. En tanto que el procurador Agrario argumentó que “una de las orientaciones fundamentales de la reforma de 1992 en materia agraria fue la privatización de la tierra y de ello se despertó todo un proceso de apropiación indebida a través de diversos mecanismos de las tierras ejidales”.
SIN MOSTRAR elementos que avalaran sus dichos, el procurador Agrario se ufanó al asegurar que en el ejido José María Pino Suárez, “se modificaron los planos con el que había sido dotado y se extendió sobre unas porciones que habían sido tituladas provenientes de terrenos nacionales”. Luego se enredó con los años de 2006 y 2011, para afirmar que se anularon y cancelaron mil 700 títulos y que en el 2020 se establecieron medidas cautelares para prohibir a cualquier autoridad a participar en el nuevo procedimiento relativo a la delimitación, destino y asignación de tierras ejidales.
AMBOS funcionarios federales pronto se toparon con pared y fueron desmentidos y acusados de estar generando desinformación sobre este ejido llamado José María Pino Suárez, ya que sus dichos “carecen de sustento y representan una falsedad que distorsiona la percepción pública del conflicto en detrimento de las familias del ejido Pino Suárez”.
CON ESTAS palabras les hicieron frente los representantes ejidales Joel Tovar Arcos, María Isabel Caro Cetina, Columba Archundia Garrido, Rodolfo Sosa Escobar, Lea Tun Cahuich, Juan Tun Mis, María Dolores Aguirre Pérez y Xóchitl de la Paz Barquera Martínez quienes acusaron a la dupla de la 4T de estar haciendo valoraciones incorrectas de las pruebas documentales y que comprueban la localización exacta de esa zona ejidal.
DE ACUERDO con los manifestantes, el contexto histórico que avala la localización y propiedad de los terrenos ocurrió a partir del año de 1973, cuando Antonio González Avilés contaba con dos predios uno de 49-69-99-00 hectáreas con título de propiedad con ubicación en la Delegación de Felipe Carrillo Puerto del entonces Territorio de Quintana Roo y otro de 105-60-00 hectáreas con ubicación en la Delegación de Cozumel en la zona geográfica en donde fue creado el Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, éste último sin título de propiedad.
