- Refrenda juez federal frenar obras en 110 km del Tramo 5 del Tren Maya, buscan evitar daños inminentes e irreparables a ecosistemas.
MARCO ANTONIO BARRERA
TULUM, Q. ROO.- Una lluvia de suspensiones provisionales tunden al Tramo 5 Sur del Tren Maya, que mantiene detenido uno de los proyectos emblemáticos de la 4T entre Playa del Carmen y Tulum, Quintana Roo.
Además de las recientes medidas cautelares concedidas a “Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano”, que ordenaron frenar temporalmente las obras en los 110 kilómetros que hay entre Cancún y Tulum, el mismo juez federal refrendó por tercera vez una protección legal, pero ahora a favor de la asociación civil “Cenote Republic”.
A la organización ambientalista encabezada por Luis Martín Leal Meneses se le concedió medidas cautelares para mantener detenidos los trabajos del Tramo 5 Sur (Playa del Carmen a Tulum), en una longitud de 60.3 kilómetros.
La resolución se decretó en el juicio de amparo 29745075 radicado en el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, ante el reclamo de una “devastación de la selva” (de un ancho de 50 a 60 metros con 17 kilómetros de largo) sin que fuera evaluado el impacto ambiental, ni existiera autorización en materia forestal.
El solicitante del amparo acusó a las autoridades ambientales de omitir programar, ordenar y realizar visitas u operativos de inspección para vigilar y evaluar las disposiciones legales vigentes, y por la falta de verificación para imponer medidas y sanciones.
Los trabajos del Tramo 5 Sur se adjudicaron a los Grupos México, S.A.B. de C.V. y Acciona, S.A., que a su vez constituyeron la empresa Desarrollo del Sureste Playa del Carmen Tulum, S.A. de C.V. para firmar y ejecutar el contrato de obra pública PTMTRAMOS/21-01-02.
El juez Adrián Fernando Novelo Pérez fue el mismo que metió freno al Tramo 5 con una primera resolución favorable a tres buzos de Playa del Carmen encabezados por José Guillermo Urbina, el 18 de abril pasado.
El fallo se justificó como una medida de precaución “para evitar daños inminentes, irreversibles e irreparables a los ecosistemas”, ante la falta de estudios de impacto ambiental.
El amparo 29802122 ordenó a las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), y de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), además del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y a la empresa Fonatur Tren Maya detener la construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad hasta que se resolviera el caso de manera definitiva.
Anteriormente, en el expediente 29745042, el mismo juez otorgó las mismas medidas cautelares a tres mujeres de Tulum (representadas por Kosby Tania Ramírez), por la omisión de las autoridades de cumplir “con su obligación de proteger y garantizar el derecho a un ambiente sano, el acceso a la información, al agua y a la participación ciudadana”.
Ese mismo funcionario ha negado también la protección federal a “Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano” que pretendió echar abajo los decretos de expropiación por causa de utilidad pública de 7.7 millones de metros cuadrados de terreno en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum.
La negativa en el amparo 29823290 obedeció a que la asociación civil carecía de un interés legítimo (no tener una afectación directa), por tratarse de suelo privado que sería destinado a obras de infraestructura relacionadas con el proyecto turístico.
Antes les negó otra suspensión provisional contra la orden y ejecución de los trabajos de desmonte y construcción que “están destruyendo la selva maya”.
El reclamó pretendió evitar daños irreparables al acuífero, ríos subterráneos, cenotes, cavernas y cuevas que forman parte de los sistemas subacuáticos conocidos como “Dos Ojos-Sac Actún”, “Pool Tunich” (Río Secreto), “Sac Muul” y “Alux”, además de una afectación al hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción.
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