- Resulta una ‘fichita’ metido en conflictos mercantiles, civiles, hipotecarios y penales; Justicia emite máxima alerta contra Moyano.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- El empresario Carlos Alberto Moyano como un experto en juicios ha capoteado al menos 70 del orden común y amparos en materia federal contra reclamos de empresas y particulares en los últimos 17 años.
Los reclamos legales contra el esposo de la candidata a la gubernatura del estado por la alianza ‘Va por Quintana Roo’, Laura Fernández Piña, se han dado por asuntos mercantiles, civiles e hipotecarios, pero también por acusaciones de tipo penal.
De acuerdo a los resultados de una revisión a los registros de estrados de acceso público en juzgados locales y federales entre 2004-2021, Moyano Menchaca fue emplazado a procedimientos jurídicos en seis entidades: Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Colima y Nayarit.
En el reporte de una empresa especializada se integró un ‘Indicador de riesgo por el tipo de juicio y/o procedimiento’, el cual mide la importancia de los litigios detectados, y de los que se le atribuyen cuatro litigios hipotecarios con la máxima escala (representada con el número cinco), en Colima, Guanajuato y Jalisco.
Pero igualmente otros 13 asuntos que lo llevó a juicio con un riesgo considerado de ‘Alerta’ (con un valor numérico de cuatro), que representa un nivel alto de una ponderación sobre la importancia del juicio y/o procedimiento en cuestión.
Al empresario se le exhibió recientemente en un audio filtrado a los medios de comunicación, junto con su esposa la ex alcaldesa del Municipio de Puerto Morelos en Quintana Roo, beneficiándose presuntamente con dos contratos leoninos por más de 837 millones de pesos.
Los acuerdos suscritos por el gobierno encabezado por Fernández Piña otorgaron la operación de la red de alumbrado público integrada por más de tres mil 500 luminarias y la construcción y mantenimiento preventivo de un nuevo complejo de oficinas administrativas.
Como parte del acuerdo, el gobierno municipal anterior contrató 240 pagos mensuales por casi tres millones de pesos cada uno e hipotecó el 48 por ciento de las participaciones federales de la comuna por los siguientes 20 años.
La operación se avaló con dictámenes de suficiencia presupuestal que integró una proyección de crecimiento desmedido de los ingresos por libre disposición, de los cuales recaería el compromiso financiero, aunque también estarían disponibles en un fideicomiso con los recursos federales.
El caso fue denunciado recientemente por la presidenta municipal Blanca Merari Tziu Muñoz, al confirmar que a su antecesora y a varios de sus ex colaboradores se les denunció ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Quintana Roo y la Fiscalía General de la República.
Juicios
De los 38 juicios civiles, mercantiles e hipotecarios que ha enfrentado el esposo de Laura Fernández, 23 se radicaron en Jalisco, entre los que destacan cinco emplazamientos del Grupo Financiero Banorte y una de la moral Fábricas de Calzado Andrea.
Y los 32 amparos y recursos de revisión detectados ante la justicia federal sobresalen solicitudes a los Juzgados Quinto y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Puente Grande, municipio de Juanacatlán, Jalisco, como parte de los expedientes 290/2007, 232/2012, 502/2012, 232/2012 y 879/2012.
En la Ciudad de México, el empresario tramitó la protección federal ante Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal (expedientes 33/2018, 38/2018, 86/2019), contra actos del Juzgado Décimo Noveno Penal, entre otros.
En Nayarit pidió también medidas cautelares en el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal (39/2020), contra actos del Juez Primero de lo Penal del Primer Partido Judicial de Jalisco.
Pero igualmente ante el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales (36/2020) radicado en El Rincón, municipio de Tepic, contra el Juzgado Décimo Noveno de lo Penal de la Ciudad de México.
Las solicitudes de juicios de garantías de Moyano Menchaca comenzaron cuando tramitó un amparo en 2007, otro en 2009, cuatro en 2011, seis en 2012, cinco juicios (y tres recursos de revisión) en 2013, un amparo (y dos recursos) en 2014 y uno en 2016 y 2017.
En 2018 gestionó cuatro medidas cautelares junto con un recurso de queja y otro de revisión, además de impugnar ante una segunda instancia; tres amparos en 2019, seis en 2020, y otro par de juicios de garantías (con un recurso de revisión) el año pasado.
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