Por KUKULKÁN
LA DE CARLOS Alberto Moyano Menchaca sí que es una historia digna de ser titulada como el esposo prófugo de la justicia o el zar de los amparos pues a lo largo de 17 años ha logrado burlar juicios en su contra en asuntos mercantiles, civiles, hipotecarios y hasta penales.
Y ES QUE el marido de Laura Fernández Piña, candidata a la gubernatura de Quintana Roo por la alianza entre el PRD y el PAN, se ha convertido en todo un experto en capotear al menos 70 acusaciones en su contra del orden común y amparos en materia federal contra reclamos de empresas y particulares.
UN PILLO, PUES, de siete suelas y cuyo nombre ha quedado registrado en los estrados de acceso público en juzgados locales y federales entre 2004-2021, en los que Moyano Menchaca fue emplazado a procedimientos jurídicos en seis entidades: Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Colima y Nayarit.
EN DICHO reporte, realizado por una empresa especializada, se integró un ‘Indicador de riesgo por el tipo de juicio y/o procedimiento’, el cual mide la importancia de los litigios detectados, y de los que se le atribuyen cuatro litigios hipotecarios con la máxima escala (representada con el número cinco), en Colima, Guanajuato y Jalisco.
EL RIESGO DE alerta también ha sido activado en contra de Moyano en al menos 13 asuntos más debido a la importancia de estos juicios, además de otros 38 juicios civiles, mercantiles e hipotecarios que ha enfrentado el esposo de Laura Fernández, 23 se radicaron en Jalisco, entre los que destacan cinco emplazamientos del Grupo Financiero Banorte y una de la moral Fábricas de Calzado Andrea.
ASÍ ANDA a salto de mata, Moyano Menchaca, cargando con él otros 32 amparos y recursos de revisión detectados ante la justicia federal en los que sobresalen solicitudes a los Juzgados Quinto y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Puente Grande, municipio de Juanacatlán, Jalisco, como parte de los expedientes 290/2007, 232/2012, 502/2012, 232/2012 y 879/2012.
EN LA CIUDAD de México, el empresario tramitó la protección federal ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal (expedientes 33/2018, 38/2018, 86/2019), contra actos del Juzgado Décimo Noveno Penal, entre otros.
EN NAYARIT pidió también medidas cautelares en el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal (39/2020), contra actos del Juez Primero de lo Penal del Primer Partido Judicial de Jalisco.
HIZO LO MISMO ante el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales (36/2020) radicado en El Rincón, municipio de Tepic, contra el Juzgado Décimo Noveno de lo Penal de la Ciudad de México. Y se le hicieron vicio a Moyano las solicitudes de juicios de garantías desde el año de 2007 cuando tramitó su primer amparo, otro en 2009, cuatro en 2011, seis en 2012, cinco juicios (y tres recursos de revisión) en 2013, un amparo (y dos recursos) en 2014 y uno en 2016 y 2017.
EN 2018 gestionó cuatro medidas cautelares junto con un recurso de queja y otro de revisión, además de impugnar ante una segunda instancia; tres amparos en 2019, seis en 2020, y otro par de juicios de garantías (con un recurso de revisión) el año pasado. Toda una fichita.
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LOS BUZOS salieron más ‘buzos’ que nadie en eso de ganarle juicios al inquilino de Palacio Nacional, pues lograron que el Juez Adrián Novelo dictara sentencia definitiva al tramo 5 sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, por lo que deberán detenerse las obras hasta que se resuelva en definitiva el fondo del asunto, sin que exista un plazo definido.
ES EL JUZGADO Primero de Distrito en el Estado de Yucatán el que concluyó en el expediente 884/2022 “la suspensión definitiva de los actos que reclama la Organización Civil ‘Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Santo’, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo y a Fonatur Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable”.
SE TRATA DE una acción promovida por los buzos que desean proteger la selva y el acuífero, y que dicho Juez resolvió que estos tienen un interés legítimo para defender estos ecosistemas, por lo que el juzgador reiteró que la autorización que Fonatur y Fonatur Tren Maya presentaron no cumple con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que debió obtenerse antes del inicio de las obras.
