- Colectivos ciudadanos se pronuncian contra la consulta ciudadana en el ejido Jacinto Pat, indican que no reúne las condiciones básicas.
DALILA ESCOBAR
CIUDAD DE MÉXICO.- Los colectivos Sos Cenotes, la Selva Salva, Selva Maya Sos y Selvame del Tren afirmaron que la consulta ciudadana programada para este 7 de junio no es válida y solicitan a la Secretaría de Medio Ambiente que no se lleve a cabo en el ejido Jacinto Pat.
“Nuestras demandas son a Semarnat, Fonatur, Conagua y Grupo México, no a los ejidatarios de Jacinto Pat, que tienen todo el derecho a opinar. Con esta consulta, están tratando de enfrentarnos, cuando lo que buscamos es el bien común”, expusieron en un comunicado.
Agregaron que “esta consulta no reúne las condiciones básicas, al poner en riesgo el derecho a la participación ciudadana, por no ser un espacio neutral; además de que la planean para un universo de menos del 5 por ciento de la población, y se circunscribe sólo a 20 ponencias. Eso no es una consulta pública”.
Los colectivos cuestionaron: “¿Por qué no invitan también a los hoteleros que no quisieron donar 17 metros para el trazo por la carretera? Ellos son los que presionaron al Gobierno para que se cambie el trazo del Tramo 5. Además, esta consulta es violatoria al Acuerdo de Escazú, del cual México forma parte, y en el que se establece el acceso a la información ambiental y a la participación ciudadana en la toma de las decisiones ambientales y el acceso a la justicia ambiental”.
Los activistas consideraron que no se podrán reactivar los trabajos en el Tramo 5 sur, con fundamento en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, reformada DOF 18-04-2022.
En el artículo 97 indica: No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales donde la pérdida de cubierta forestal fue ocasionada por incendio, tala o desmonte sin que pasen 20 años y que se acredite a la Secretaría que la vegetación forestal afectada se ha generado mediante los mecanismos que, para tal efecto, se establezcan en el reglamento de esta Ley.
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es otro de los puntos que, afirmaron, preocupan, al poner en riesgo las disposiciones sobre la protección, preservación e investigación aplicables a los restos fósiles de interés paleontológico, así como los rastros de existencia humana junto con su contexto arqueológico y natural, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua.
“El Tren Maya, en el Tramo 5, demuestra que no está cumpliendo con la ley y está poniendo en riesgo la vida de las y los ciudadanos de la península, al contaminar el agua, y quitar uno de los mayores atractivos turísticos de la región, las cuevas, ríos, cenotes y la selva baja con todas sus especies”, afirmaron.
Reiteraron que “es indispensable respetar la Ley General de Equilibrio Ecológico, los procesos de esta, y, por lo tanto, cuidar el medio ambiente para cuidarnos a las y los mexicanos. En plena crisis hídrica y climática, eso sí es seguridad nacional”.
También piden que se respete la suspensión definitiva del Tramo 5 sur, que va de Playa del Carmen a Tulum y que se otorgó “por el interés legítimo de los buzos que interpusieron el amparo para defender los ecosistemas; la autorización provisional que presentó Fonatur no cumple con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y que deriva en el daño inminente e irreparable a los ecosistemas”, señalaron.
También acusaron que dicha evaluación “se presenta dos meses después de la destrucción de la selva, por lo tanto, no cumple con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por haberse presentado después del inicio de obras, deforestar miles de árboles y poner en riesgo el agua de la península”.
Añadieron que “además esta MIA, que no es MIA, confirma la inviabilidad de continuar construyendo en el Tramo 5 sur por el tipo de suelo kárstico y el peligro de que pase un tren por allí sumando a una significante afectación a la flora y a la fauna de la selva maya, a la contaminación de los ríos subterráneos y cenotes, fuente única de consumo de agua para la flora, la fauna y los habitantes de la península”.
Los colectivos presentarán los estudios comparativos de la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Fonatur, dado que indicaron que bajo el procedimiento que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Semarnat no debió recibir a trámite la MIA, y la Profepa debió clausurar la obra.
“El Gobierno de México ha admitido haber presentado la Manifestación de Impacto Ambiental hasta el pasado 20 de mayo, lo cual demuestra que iniciaron las obras sin contar con las autorizaciones de Ley, tanto en materia de impacto ambiental como lo relativo al cambio de terrenos de uso forestal”, denunciaron.
Finalmente, los colectivos cuestionaron: “hasta el momento, nadie conoce el proyecto ejecutivo. ¿Qué van a construir? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué medidas de mitigación han propuesto?”.
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