- Reciben algunos condena de hasta 25 años por manifestarse en contra el gobierno de Cuba, hace un año se les acusa de sedición.
STAFF / AGENCIA REFORMA
LA HABANA, CUBA.- El gobierno cubano encarceló a 297 manifestantes que participaron en las movilizaciones del 11 de julio de 2021, 36 de los cuales recibieron condenas de hasta 25 años de prisión.
La Fiscalía General de Cuba dio un balance de las sentencias dictadas hasta el momento tras las históricas protestas del año pasado, en las que los cubanos salieron de manera espontánea a las calles en medio del desabasto de alimentos y medicinas.
A casi 12 meses de las movilizaciones, las autoridades no han informado de cuántas detenciones realizaron, pero la organización de derechos humanos Justicia 11J, que monitorea los procesos, reportó que se arrestó a unas mil 400 personas, de las cuales la mitad siguen encarceladas.
Según la información brindada ayer por la Fiscalía en un comunicado, 381 personas han recibido algún tipo de sentencia, lo que significaría que el resto aún está esperando juicio.
Los delitos de los que han sido acusados son sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desorden público.
Del total de condenados, 16 tienen entre 16 y 18 años de edad, uno de los cuales recibió sentencia de prisión.
Al resto de los menores y a 69 acusados más, dijo la Fiscalía, les fue conmutada la pena de cárcel.
“A 84 acusados se les subsidió la sanción de privación de libertad, por otras penas alternativas que no implican, en principio —bajo condición de buena conducta— su ingreso a prisión, disponiéndose para ellos las de trabajo correccional con y sin internamiento, y limitación de libertad; en esta decisión se encuentran incluidos 15 de los jóvenes con edades entre 16 y 18 años”, precisó.
A los 36 manifestantes condenados por sedición se les impuso una condena de entre 5 y 25 años de cárcel.
Las movilizaciones del año pasado se produjeron en el marco de una crisis económica con desabastecimiento de medicinas, alimentos, combustible y cortes de energía eléctrica como consecuencia de un endurecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos y la pandemia de Covid-19.
Los cubanos exigieron desde el fin del desabasto hasta cambios de Gobierno. Fueron las movilizaciones más grandes desde mediados de los años 90.
Aunque las protestas fueron en su mayoría pacíficas una persona murió y se registraron acciones de saqueos de tiendas, enfrentamientos con la Policía y destrucción de vehículos en la vía pública.
Las autoridades defendieron las detenciones y enjuiciamientos ante las cortes alegando que las personas encausadas actuaron violentamente; sin embargo, grupos de derechos humanos dijeron que se trataba de presos políticos con sentencias ejemplarizantes para disuadir acciones opositoras.
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