- El plan eléctrico plantea, como medidas de mediano plazo, la incorporación de nuevas centrales de ciclo combinado de la CFE.
STAFF / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal admitió a trámite dos demandas de amparo que piden invalidar el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2022-2026 (Prodesen), anunciado por la Secretaría de Energía el 31 de mayo.
Ramón Lozano, juez Tercero de Distrito Especializado en Competencia Económica, admitió el 24 de junio amparos promovidos por la organización Greenpeace y por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) que no pidieron suspender el Prodesen.
El juzgador fijó para el 22 de julio la audiencia de los juicios.
“Queda claro que el gobierno de México no ha contemplado avanzar hacia una transición o transformación de las fuentes de generación eléctrica”, acusaron el CEMDA, Greenpeace y otras cinco organizaciones.
“Por el contrario, se observa que se favorece —y se continuará favoreciendo— la generación de energía eléctrica con fuentes fósiles como el gas y el combustóleo. De ahí que nuestra preocupación radique en que dichas energías son altamente contaminantes y dañinas no sólo para el medio ambiente, sino también para la salud de las personas”.
El Prodesen plantea, como medidas de mediano plazo, la incorporación de nuevas centrales de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que queman gas natural, así como modernizar las hidroeléctricas ya existentes.
Para el periodo 2022 a 2025 se prevé adicionar 8 mil 262 megawatts de capacidad de generación, de los que sólo 10.6 por ciento sería energía hidroeléctrica, solar o geotérmica, mientras que la mayoría sería producida quemando gas natural, combustóleo u otros combustibles fósiles.
El gobierno argumenta que no es posible una transición inmediata o repentina hacia el uso de energías solar y eólica, pues son intermitentes y ponen en riesgo la estabilidad del SEN, que para su operación confiable requiere el respaldo permanente de plantas que utilizan combustibles fósiles.
Esto ha llevado a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a implementar una política restrictiva y de acoso permanente hacia empresas privadas de energías renovables, negándoles permisos de operación y conectividad al SEN.
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