- Un tribunal federal canceló el proceso y la investigación contra 16 mandos y exfuncionarios del sistema penitenciario imputados por el supuesto sobreprecio en las concesiones de ocho prisiones de alta seguridad
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Al concluir que los delitos están prescritos, un tribunal federal canceló el proceso y la investigación contra 16 mandos y exfuncionarios del sistema penitenciario imputados por el supuesto sobreprecio en las concesiones de ocho prisiones de alta seguridad, adjudicadas por la administración de Genaro García Luna.
Graciela Santés Magaña, magistrada del Cuarto Tribunal Unitario Penal en esta ciudad, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) empezó a indagar este presunto caso de corrupción después de 2020, año en que feneció el plazo para perseguir los delitos imputados de asociación delictuosa y uso indebido de atribuciones y facultades.
Por lo anterior, también decidió sobreseer o cancelar el trámite de la causa penal, lo que significa que la FGR ya no puede reelaborar la carpeta de investigación y judicializarla de nueva cuenta por delitos que aún tengan vigencia.
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Por esta misma causa penal, se ordenó la aprehensión de García Luna, hoy preso en una cárcel de Nueva York por cargos de narcotráfico.
El exsecretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón no ha presentado ningún amparo contra el mandamiento judicial.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha jugado ya su última carta legal para evitar que el revés sea definitivo, presentando una demanda de amparo contra la decisión de la magistrada Santés. Será un tribunal colegiado el que defina si procede o no el juicio de garantías.
Los funcionarios que libraron la imputación son el General Sergio Alberto Martínez Castuera, actual coordinador de los penales federales, así como sus antecesores, el General Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra.
También Paulo Uribe Arriaga y Óscar Moreno Villatoro, ambos ex directores generales de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), y los ex coordinadores de centros federales Antonio Molina Díaz y Saúl Castro Castro.
En enero pasado, un juez federal desechó la imputación contra 16 mandos y ex funcionarios del sistema penitenciario, por el caso de los sobreprecios pagados por las concesiones de ocho prisiones de alta seguridad, al estimar que los delitos están prescritos.
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