Por KUKULKÁN
LA AGENDA política de Quintana Roo en el mes de septiembre estará abultada de eventos históricos. Además de la celebración oficial del aniversario 212 de la independencia de México en la medianoche del día 15 y el desfile al día siguiente, el mes patrio inicia para los quintanarroenses con el relevo de los integrantes del Congreso del estado, el día 5; la entrega y presentación del último informe del gobernador Carlos Joaquín González, y enseguida también los de los once presidentes municipales donde la expectativa está puesta en lo que informarán las siete presidentas municipales en la era del empoderamiento de las mujeres.
PERO el plato fuerte de la agenda lo será sin duda la entrega del poder estatal a partir de los primeros minutos del día 26 de septiembre a la gobernadora Mara Lezama Espinoza, quien se comprometió a consolidar la Cuarta Transformación, con todo lo que ello implica, desde acabar con la corrupción gubernamental que a pesar de los esfuerzos del actual gobierno sigue operando en todo tipo de trámites oficiales tanto de la administración estatal como de las municipales impactando a las finanzas públicas y por ende al ciudadano.
HAY mucha expectativa y esperanza en torno a la llegada de la primer mujer gobernadora en 47 años de historia constitucional del estado de Quintana Roo; durante su campaña, Mara Lezama repitió en todos sus discursos de promoción electoral que no le fallaría a los quintanarroenses, principalmente a los más pobres, que son prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador y que será la prueba de fuego en una entidad de altos contrastes entre las zonas norte y sur, además de la pluralidad de ciudadanos que siguen llegando no sólo de los otros estados de la república sino de más de cien nacionalidades que han elegido suelo quintanarroense para vivir.
LA NUEVA gobernadora debe rodearse de los mejores perfiles que ocuparán las 16 dependencias de la administración pública estatal, además de los organismos descentralizados, si lo que pretende es dar buenos resultados al inquilino de Palacio Nacional quien marcará la línea a seguir y por lo pronto ha trascendido que desde el centro del país han solicitado a Mara Lezama la operación de dos secretarías, la de Seguridad Pública, donde pondrán un marino, y la Planeación y Finanzas donde meterán control al manejo de los recursos públicos.
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TENER una Notaría pública en Quintana Roo —el apetitoso mercado inmobiliario del sureste mexicano— fue durante mucho tiempo el sueño de políticos, empresarios y algunos periodistas locales para convertirse en nuevos ricos, y de tanto ambicionar una patente terminaron convirtiéndose en moneda de cambio económico o político, según conviniera al gobernador en turno, para premiar a algún colaborador, familiar o amigo.
LAS NOTARÍAS se expandieron durante los gobiernos priistas encabezados por Félix González Canto y Roberto Borge Angulo quien al concluir su mandato en 2016 dejó las 124 que actualmente siguen registradas oficialmente y cuya mayoría viene operando en medio de una competencia desigual porque cada gobernador en turno tenía sus notarios favoritos con los que enviaban a certificar toda la documentación oficial, provocando con ello la pauperización de la competencia o inclusive la guerra cuando los titulares estaban identificados como opositores políticos.
EL EJEMPLO de la persecución política fue el atentado denunciado por el Notario Público Número 78, Jorge Parra Moguel, en octubre de 2015, como represalia porque su esposa la entonces diputada local por el PRI, Marybel Villegas Canché ignoró previas amenazas para que dejara de hacer campaña en busca de la candidatura para la presidencia municipal de Benito Juárez que estaría en disputa en 2016. La actual senadora ha denunciado por estos hechos de los que salió herido su marido al ex gobernador Roberto Borge Angulo, actualmente preso. Para Parra la prioridad ha sido la política antes que la fe pública.
EL CASO es que las notarías valen hoy mucho menos que nada, a juzgar por los movimientos registrados en varias de ellas donde sus titulares prefirieron poner un suplente para salir a buscar chamba de políticos o funcionarios públicos porque “las notarías ya no son negocio sin la ayuda del poder del estado”. Algunos notarios inclusive terminaron regresando la patente porque la operación ya les estaba costando a sus bolsillos, como en su momento lo decidió el notario 37 de Cancún, Nain Díaz Medina, que en un acto de honestidad decidió devolver la patente al Gobierno y ahora sufre las consecuencias al resultar injustamente vinculado a la mafia rumana tan sólo por dar fe pública en la compra-venta de un inmueble.
