Por KUKULKÁN
EN EL TRISTE teatro de lo absurdo que a menudo se convierte nuestro sistema político, Quintana Roo ha subido el telón de una farsa electoral que roza lo grotesco. Como si de un truco de magia se tratara, algunos aspirantes a cargos públicos en la península intentaron transformar lo que debería ser un proceso democrático en un acto de usurpación de derechos, haciendo un flaco favor a la representatividad y a la justicia social.
CON TODA una desfachatez que rayaría en lo cómico si no fuera tan lamentablemente real, cuatro candidatos han sido desenmascarados y despojados de su disfraz de “representantes del pueblo”. Pero ¿qué pueblo? Definitivamente, no uno que valora la inclusión y la equidad. Estos personajes, en pleno uso de sus capacidades, decidieron que era adecuado suplantar a aquellos para quienes la ley había reservado esos espacios en un intento de representación: las personas con discapacidad.
ESTE EPISODIO nos revela, con dolorosa claridad, cómo los engranajes del poder son lubricados no con la voluntad de la gente, sino con la voracidad de aquellos que buscan perpetuarse en el poder a cualquier precio. Yamina Rosado Ibarra, José Luis “Chanito” Toledo Medina, Ana Gabriela Arana Martin y Sonia Betancourt Castro son los protagonistas de esta pantomima, desfilando bajo las banderas de “Fuerza y Corazón por Quintana Roo” y “Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo”, coaliciones que deberían reconsiderar su nomenclatura.
TUVO que intervenir la Sala Regional en Xalapa del Tribunal Electoral para recordar a estos oportunistas que las leyes de este país aún tienen buena dentadura. Al revocar su candidatura, no sólo se salvó la legalidad, sino que se protegió la integridad de un proceso que busca ser inclusivo y justo. Sin duda se trata de una victoria para las personas con discapacidad, pero sobre todo de un triunfo para todos aquellos que creen en un México donde los espacios de poder reflejen verdaderamente la diversidad y las necesidades de su gente.
ESTE FALLO debería resonar como un campanazo de alerta para todos aquellos que juegan a la política como quien juega al Monopoly, olvidando que están tratando con vidas reales y derechos irrenunciables. El caso nos obliga a preguntarnos: ¿Cuántos más habrá que, en su silenciosa complicidad, permiten que la injusticia y la desigualdad se sienten con descaro en las sillas del poder? Mientras Quintana Roo recupera las candidaturas y las asigna con justicia, el resto del país observa y aprende.
ESTA debe ser una lección sobre la legalidad o la moralidad, pero también una reflexión profunda sobre qué tipo de líderes queremos y necesitamos. Y, sobre todo, qué tipo de ciudadanos debemos ser para exigir y garantizar que aquellos líderes realmente nos representen. En la danza política, algunos pasos son inaceptables. Y en esta ocasión, el tribunal ha sido el coreógrafo necesario para evitar que la danza se convierta en un tropezón que nos haga caer a todos.
LEJOS de ser un incidente aislado, este episodio debe convertirse en un catalizador para la reforma, impulsando cambios que aseguren que tales usurpaciones no sólo sean descubiertas, sino prevenidas. Que este caso sirva como recordatorio de que la lucha por la equidad y la justicia es constante, y que cada voto, cada candidatura, cuenta y debe ser defendida con la vehemencia de quien defiende el futuro de la democracia. La respuesta del Tribunal Electoral, por tanto, no es sólo un acto de justicia, sino un claro mensaje a todos los actores políticos: el espacio público es sagrado y su acceso debe ser un reflejo de nuestras más altas aspiraciones como sociedad, no un espejo de nuestras peores manipulaciones.
