Por KUKULKÁN
BAJO el argumento de que si bien enfrenta un proceso administrativo que lo sancionó con su inhabilitación para desempeñar cargos públicos durante diez años, así como una multa económica de 320 mil de pesos, el contralor Rafael del Pozo Dergal asegura que el fallo de la Secretaría de la Función Pública aún no está firme y, por lo mismo, él goza del derecho de la presunción de inocencia para seguir desempeñándose como representante del proceso de entrega-recepción, sin poner en riesgo la sucesión.
PARA respaldar su argumentación, el contralor refiere que su nombre no está inscrito en el Registro de Servidores Públicos sancionados, pero no dice que bien pudo obtener una suspensión contra dicha inscripción, lo que sería completamente diferente a obtener una suspensión contra la inhabilitación que le fue impuesta por el órgano de control interno de FONATUR, donde se le imputan diversos actos de corrupción cuando Del Pozo se desempeñó como Subgerente Administrativo de la Delegación Regional Huatulco en Fonatur.
EN UN DERECHO de réplica, el contralor dice que nunca mantuvo en secreto el procedimiento administrativo que enfrentó, ya que este se dio a conocer públicamente a través de los estrados judiciales (como si fuera un medio masivo por el cual se pueden enterar los ciudadanos). Lo ideal hubiera sido que el día que el Congreso del Estado lo ratificó como titular de la Secretaría de la Contraloría, él hubiera mencionado el hecho a los diputados, pero no lo hizo, ni siquiera le informó a su jefe el gobernador Carlos Joaquín. Tuvo que venir un medio de información a exhibir su situación jurídica, para que él hablara públicamente del caso por primera vez.
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LAS FINANZAS del Gobierno del Estado de Quintana Roo comenzarán a darle dolores de cabeza a la nueva gobernadora Mara Lezama Espinosa prácticamente desde que asuma el poder este domingo 25 de septiembre. No sólo tendrá que tomar al toro por los cuernos de lo que implica solventar la enorme deuda oculta a proveedores que le heredaron por más de 6 mil 600 millones de pesos, además de los gastos de operación administrativa durante el último trimestre del año, sino que recibirá el helado mes de enero sin patrullas ni cámaras de seguridad porque resulta que son servicios en renta y los contratos expiran el 31 de diciembre.
ASÍ que para no caer en ese supuesto que sería caótico para el estado, Mara está obligada a garantizar que los costos por estos servicios de renta de patrullas y de las cámaras de seguridad controladas por el C-5 (para las que se invirtieron más de 2 mil millones de pesos), sean incluidos dentro del Presupuesto de Egresos para 2023, con la intención de que se renueven los contratos de arrendamiento con las empresas que el gobernador Carlos Joaquín dejó como beneficiarias. Negocio redondo, ¿no?
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TODO está listo para que el próximo domingo arriben los invitados a la toma de protesta de la gobernadora Mara Lezama, vendrá la plana mayor de la Cuarta Transformación, entre gobernadores, diputados federales, senadores, las corcholatas y quizás asista el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien durante su última visita dejó entrever la posibilidad de acompañar a la quintanarroense. El evento, empezará desde las 9 de la mañana del 25 de septiembre cuando ella tome protesta ante los integrantes de la XVII Legislatura de Quintana Roo. Posteriormente, se hará un acto abierto al público en la explanada del palacio de gobierno de Chetumal, y ya por la tarde una comida privada con su equipo de colaboradores e invitados especiales.
