Por KUKULKÁN
LAS COMPRAS consolidadas fueron el talón de Aquiles de la pasada administración pues reiteradamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados observó que el Gobierno de Quintana Roo tenía como regla incurrir en irregularidades al otorgar las licitaciones bajo este mecanismo que supuestamente tiene el propósito de reducir costos.
POR EJEMPLO, todavía antes de concluir la pasada administración, el órgano supervisor del gasto dictaminó que del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) faltaban por aclarar 19.5 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2021, por concepto de adquisiciones, arrendamientos y servicios sobre pagos realizados a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por la adquisición de armamento, municiones y cargadores que no se habían entregado hasta el cierre de ese ejercicio fiscal.
DE UNA REVISIÓN al gasto federalizado aplicado sobre una muestra de 141 millones 479 mil 300 pesos (el 73.3 por ciento de 192 millones 957 mil 200 pesos transferidos a la entidad), se encontraron también incumplimientos a la normativa, según el Informe Individual del Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021. Y en la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño número 1539 reportada el presente año, se asentó que no se encontró evidencia de entrega-recepción de los bienes adquiridos a las fuerzas armadas.
EL ASUNTO parte de la cotización CC-027/2021, a través de la cual la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo contrató bienes por 5 millones 382 mil 700 pesos con 51 centavos que al momento de la fiscalización no habían sido suministrados, además de que no se dispuso de un convenio institucional que debió formalizarse para amparar la citada adquisición. Igualmente, con la cotización CC-033/2021, en la que la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo no presentó la evidencia sobre la entrega-recepción del mismo tipo de bienes por 14 millones 572 mil 465 pesos con 24 centavos.
EN AMBOS casos, el ente fiscalizador turnó a la Secretaría de la Contraloría estatal las promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria números 2021-B-23000-21-1539-08-004 y 2021-B-23000-21-1539-08-005 para investigarse y, en su caso, iniciar los procedimientos por irregularidades de servidores públicos que omitieron la elaboración de convenio interinstitucional.
EN MATERIA financiera, las observaciones de la ASF se hicieron sobre los rendimientos financieros por un millón 158 mil 900 pesos del total de recursos federales transferidos y de 170 mil 300 pesos de intereses que no se destinaron a los objetivos del fondo federal, con corte al 31 de diciembre de 2021, y que igualmente se solicitó la investigación y, de proceder, el procedimiento de responsabilidad sancionadora 2021-B-23000-21-1539-08-003.
TAMBIÉN se hicieron observaciones a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) por incumplir plazos establecidos (con 9 a 135 de atraso) sobre el envío de recibos de los recursos a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de enero a octubre del año pasado, mismos que se emplearon para abrir el caso 2021-B-23000-21-1539-08-001. Y el procedimiento 2021-B-23000-21-1539-08-002 se abrió por el atraso de la distribución de 48.2 millones de pesos canalizados al estado, de 1 a 42 días respecto a los plazos establecidos.
ADEMÁS, el ente revisor determinó que el gobierno estatal no destinó recursos del fondo federal al PPN denominado “Impulso al modelo nacional de policía y justicia cívica”. En el apartado de obras públicas, se incluyó la construcción del Edificio del Juzgado Penal Oral en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto con recursos federales por 3 millones 786 mil 900 pesos, en el cual se observó que aun cuando el contrato se adjudicó por licitación pública nacional y se formalizó en tiempo y forma, la convocatoria no se publicó en el portal “CompranetQRoo”.
POR ESE MOTIVO se solicitó a la Secretaría de la Contraloría estatal el inicio del procedimiento 2021-B-23000-21-1539-08-006 contra servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Quintana Roo en el contrato número PJ/CJE/SEA/EDIFICIOJUZGADOPENALORALFELIPECARRILLOPUERTO/073/OBRA/2021. En los apéndices del Informe se señaló que las áreas revisadas fueron la Sefiplan, SSP y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del gobierno estatal, así como la FGE y el TSJ de Quintana Roo. Acabar con este tipo de irregularidades, es uno de los retos de la gobernadora Mara Lezama Espinosa dentro de su programa de Austeridad Republicana donde todos, principalmente los servidores públicos se tendrán que apretar el cinturón.
