- El TFJA notificó la decisión de la Sala Superior para atraer el juicio 681/22-20-01, presentado el 5 de septiembre por Grupo México.
VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ejerció su facultad de atracción para resolver la demanda de nulidad que el consorcio Grupo México y Acciona Infraestructuras interpuso contra el gobierno federal por la terminación anticipada del contrato original para el Tramo 5 del Tren Maya.
El TFJA notificó este martes la decisión de la Sala Superior para atraer el juicio 681/22-20-01, presentado el 5 de septiembre por Grupo México y Acciona Infraestructuras, que crearon la razón social Desarrollo del Sureste Playa del Carmen Tulum (DSPCT).
La demanda fue presentada ante la Sala Regional del Caribe del TFJA, con sede en Cancún, que de inmediato solicitó la atracción a la Sala Superior, que aceptó ejercerla al considerar que era un asunto con características especiales por la materia sobre la cual versa.
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La Sala Regional deberá seguir con la instrucción del juicio, pero una vez concluida, el expediente será enviado a un magistrado o magistrada de la Sala Superior, quien presentará el proyecto de sentencia al Pleno, lo que tomará varios meses.
Mientras tanto, el gobierno y DSPCT pueden seguir negociando un arreglo extrajudicial.
La empresa ha negado haber incurrido en incumplimientos y el 21 de noviembre afirmó que la terminación se debió a la imposibilidad técnica de cumplir los requerimientos del gobierno.
El expediente atraído por la Sala Superior es sólo una de tres demandas que DSPCT ha presentado contra el gobierno ante el TFJA, bajo reglas de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Otro juicio, el 832/2022, que inicio a finales de octubre, es para reclamar el finiquito ofrecido por Fonatur para cerrar la relación con DSPCT, de 37.9 millones de pesos.
Uno más, el 881/22, fue presentado hace unas semanas, y el 22 de noviembre, la Sala del Caribe concedió a DSCPT una suspensión, pero se desconoce públicamente el acto reclamado en esa demanda.
