- Las resoluciones avaladas por el Consejo Directivo del organismo determinaron la entrega de apoyos económicos de casi 100 mil pesos.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- A 17 meses de que fueron aprobadas las compensaciones económicas para las personas agredidas de la manifestación del 9 de noviembre de 2020 en la explanada municipal de Cancún, comenzaron a revertirse judicialmente los dictámenes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveqroo).
Las resoluciones avaladas por el Consejo Directivo del organismo determinaron la entrega de apoyos económicos de aproximadamente 100 mil pesos a cada afectado, lo que detonó la inconformidad legal de una decena de víctimas directas y una indirecta.
Una recomendación previa de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo estableció que para sofocar la protesta que exigía esclarecer el destino de la joven desaparecida “Alexis”, la Policía local transgredió los derechos fundamentales de los manifestantes y, en algunos casos, los hirió con disparos de arma de fuego.
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Las medidas de compensación adoptadas por la Ceaveqroo autorizaron el acceso de las partes afectadas a los recursos económicos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, mediante una resolución autorizada el 15 de junio de 2021.
Pero a los siguientes días (9 de julio), las víctimas interpusieron de manera simultánea 10 juicios de amparo que recayeron en el Juzgado Cuarto de Distrito de Quintana Roo, en los que reclamaron el dejar insubsistente la resolución del organismo y se procediera a dictar una nueva en términos diferentes.
Las sentencias de los juicios de garantías otorgaron el amparo y la protección federal a los promoventes con resoluciones dictadas ese mismo año, nueve procesos el 29 de octubre y el último el 3 de noviembre del año pasado.
Pero inconforme con los fallos judiciales, el organismo público descentralizado de la administración pública estatal que funge como órgano operativo del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, impugnó los fallos con recursos de revisión, de los cuales dos se resolvieron favorablemente a las víctimas.
Wendy Andrea Galarza obtuvo las medidas cautelares en una sentencia definitiva, a pesar de un fallo previo del Primer Tribunal Colegiado que ordenó la reposición del procedimiento ante una sentencia anterior igualmente favorable del 3 de noviembre de 2021. Ayer, el juzgado federal otorgó la protección federal en el juicio de amparo 28412037.
Igualmente ocurrió con el caso 28412048 interpuesto por María Elena García que luego de obtener igualmente un fallo favorable, mediante un recurso de revisión resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado le confirmó la protección de la Unión, el lunes pasado.
Los otros ocho expedientes han obtenido sentencias favorables, pero actualmente se debaten en distintos tribunales de alzada en recursos de revisión interpuestos por el organismo.
En esa condición se encuentran los amparos promovidos por Julián Fernando Ramírez (28411781) y Alice Ihuit (28411918), los cuales se debaten todavía en un litigio radicado en el Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo.
Los otros juicios de garantías que iniciaron Gloria Vianey Chan (28411907), Naomi Quetzaly Rojas (28411980), y Reyna Cecilia Solís obtuvieron originalmente sentencias favorables, pero fueron impugnadas en el Primer Tribunal Colegiado sin que se dicte alguna resolución.
Sergio Abel Banda (28411931), Anette Michell Herrera (28411938) y Roberto Antonio Becerril y la víctima indirecta Diana Yoshira Fernández (28411990) también ganaron sentencias favorables, las cuales fueron impugnadas sin que se resuelvan en el Segundo Tribunal Colegiado.
