- El hombre que acusa de despojo a la Sedatu, cuyas iniciales son R. C. R, lucha desde hace 20 años por su título de propiedad.
MARCO ANTONIO BARRERA
SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El propietario de poco más de 92 hectáreas adquiridas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), advirtió que no desistirá hasta obtener lo que le pertenece.
A pesar de que la autoridad federal lo tiene contra la pared desde hace casi 20 años, dijo que seguirá buscando ayuda hasta que se le reconozca “lo que me pertenece, lo que ya pagué”.
El reclamo a la Sedatu proviene de un adulto mayor con 72 años de edad originario de Tabasco, cuyo nombre tiene las iniciales R. C. R., que desde diversos frentes combate el incumplimiento de la entrega del documento.
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La dependencia le alega problemas técnicos y la falta de un supuesto pago que mantiene detenido el título de propiedad que le brinde certeza jurídica sobre su patrimonio.
“Pues me han dicho muchas cosas, que hay un traslape del terreno, que me hicieron un descuento cuando yo pagué a pronto pago y ahora quieren que se salde”.
La suma reclamada es de casi 2 millones de pesos, debido a que cada hectárea tiene un valor presente de 200 mil pesos.
“Que pague, pero ya no a precio de cuando me lo cobraron, que fue algo simbólico, me lo quieren cobrar a precio actual y pues es un dineral. Entonces yo no puedo pagar eso”.
El caso está trabado en juzgados donde el afectado “ha hecho la lucha, pero todo le han echado abajo al abogado, a quien nunca le han dado la razón, aunque le ha ganado el caso, pero no le han dado la razón”.
El lote en discordia está ubicado en el ejido Macario Gómez del municipio de Solidaridad, a menos de un kilómetro donde se planeó originalmente el antiguo aeropuerto de Tulum.
De acuerdo al expediente 513486 de la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la tierra formó parte de una declaratoria global de propiedad nacional emitida el 14 de agosto de 1974.
El decreto publicado a los 15 días siguientes en el Diario Oficial de la Federación, abarcó una superficie de 268 mil 462 hectáreas de terrenos nacionales en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Cozumel.
En el caso del afectado, la venta fue autorizada mediante el oficio 000976 girado el 5 de agosto de 1998, a través del cual se comisionó a una persona identificada como Antonio Sánchez Ojeda para realizar el deslinde del terreno de agostadero (donde el ganado pasta durante el verano) dedicado a la explotación agropecuaria.
La comercialización se avaló por el dictamen técnico 704991 de la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, el cual sustentó el deslinde, planilla de cálculo, cartera de campo, cálculo de orientación astronómica y plano geográfico.
Igualmente, el expediente se integró con el dictamen de avalúo con número secuencial 23-FS-TN-00-2564-A emitido por un Comité Técnico de Evaluación, que fijó su valor económico en 15 mil 194.08 pesos.
Para proceder al pago del terreno se otorgó un plazo de 180 días que se formalizó mediante un contrato suscrito por el adquirente y el representante estatal de la SRA en Quintana Roo, Leopoldo Castelán Ramírez, bajo el número 146461.
En la cuarta cláusula del acuerdo se estableció una bonificación de 10 por ciento por pronto pago para dejar la suma final en 13 mil 674.67 pesos, misma que fue saldada en tiempo y forma el 11 de febrero de 2003.
La operación de compra-venta, junto con otros 20 predios, fue avalada por la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural que envió a la representación de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria en Quintana Roo, un paquete de 20 órdenes de pago incluida la del quejoso, identificada con el número 1-005183.
