- El Sistema Local Anticorrupción (SLA) no opera aunque desde 2021 se le contempla en el Presupuesto de Egresos de la Capital.
IVÁN SOSA / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- El Sistema Local Anticorrupción (SLA) no opera aunque desde 2021 se le contempla en el Presupuesto de Egresos de la Capital.
Los recursos que son asignados en el papel, no han llegado a ser entregados realmente, aseguran integrantes del organismo. Y este año, la historia parece repetirse.
Para el ejercicio 2023, el SLA debería recibir 20 millones de pesos que tendrían que ser aportados por dependencias como la Auditoría Superior, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de la Contraloría General. Sin embargo, el Presupuesto de Egresos no definió cómo se debe realizar este traslado de recursos.
El vacío ocurrió también en 2021 y 2022 y sus consecuencias ya son palpables.
De acuerdo con la Constitución local, el Comité Coordinador del organismo deberá crear mecanismos de participación ciudadana, dar seguimiento a las denuncias recibidas en una plataforma digital y sesionar cada tres meses.
Sin embargo, su última reunión ocurrió el 28 de junio del año pasado, además de que hasta el momento no ha sido generada ni una sola resolución por algún caso.
“(El SLA deberá generar) recomendaciones a los entes públicos, destinadas a eliminar las causas institucionales que generan hechos de corrupción, tanto en las normas como en los procesos administrativos, así como en los vínculos entre los poderes públicos y los particulares”, prevé la Constitución.
A esto se suma que dos de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que es el organismo que preside al Comité Coordinador, han renunciado debido a la falta de una remuneración, que está prevista por la Ley del Sistema.
Ilian Maldonado, integrante del Comité de Participación Ciudadana, acusó que el esquema de triangulación establecido por el Presupuesto de Egresos no ha permitido que les sean entregados los recursos necesarios para la operación del SLA.
“No entiendo por qué no quieren que funcione la política anticorrupción, ¿por qué tantas trabas de los tres poderes?”, cuestionó.
Maria del Carmen Nava, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info), subrayó que la falta de recursos afecta en la operación del SLA.
“La decisión de no proporcionar recursos directos sí implica que no tengan manera, ni herramientas para funcionar”, dijo.
“Quien combata actos de corrupción por supuesto debe tener una remuneración, no son cargos honoríficos, el combate a la corrupción en ninguna parte del mundo se hace por voluntad y sin trabajo”.
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