- Empresa ligada al gobierno de Samuel García en Nuevo León utiliza a otras empresas como factureras.
MIRNA RAMOS / AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- La empresa TICSA, contratada por la Administración del Gobernador Samuel García para que le adquiera 800 camiones urbanos por 3 mil 936 millones de pesos, además de fallar en la entrega de las unidades, utiliza “factureras” como proveedoras.
Estas compañías, a su vez, tienen vínculos y operaciones con redes de firmas boletinadas por el SAT como facturadoras de operaciones simuladas (EFOS).
Esto implica que parte del dinero que el Estado paga por los camiones al consorcio integrado por Thousand International Companies (TICSA) y Jeca Mobility podría terminar en firmas “fantasma” formadas con personas modestas y en domicilios fachada compartidos con otras empresas “patito”.
De acuerdo con información del SAT a la que tuvo acceso EL NORTE, sólo en el 2022, TICSA facturó al menos 526.8 millones de pesos al Gobierno, principalmente al Instituto de Movilidad, organismo encargado de adquirir los camiones.
En tanto, TICSA ha destinado al menos 446.1 millones de pesos a Jeca Mobility y otros 74.3 millones a presuntas factureras, varias con sede en Nuevo León y que forman parte de extensas redes que ya han sido expuestas públicamente.
Según información del verificador de comprobantes fiscales del SAT, los principales proveedores de TICSA se ubican en el área metropolitana de Monterrey, en la CDMX, en el Edomex y Querétaro.
EL NORTE realizó visitas a domicilios fiscales de empresas y socios ubicados en Nuevo León, y pudo constatar que se trata de personas ajenas a la operación de las compañías.
Sistemas Bosnol, Proyectos y Construcciones Avlin, Entornos Empresariales Blanco y Canpalar Servicios son sólo algunas de las empresas irregulares que han facturado a TICSA supuestos servicios de telecomunicaciones, planificación, tendido de cables y transporte.
En el caso de Entornos Empresariales Blanco, las facturas expedidas en octubre pasado fueron canceladas en noviembre, mientras que las de las empresas restantes siguen vigentes.
Estas compañías que facturan millones tienen en común que sus “socios” son trabajadores de oficios modestos o amas de casa de sectores populares.
También sus domicilios fiscales están en pequeños locales en edificios de oficinas o plazas comerciales en los que sólo atienden una o dos personas.
En algunos casos no presentan una razón social visible o la tienen impresa en hojas, además de que comparten el local con otras firmas cuestionables de las mismas redes.
La información recabada indica que a través de sus socios, apoderados y representantes, Bosnol y Avlin están relacionadas con una amplia red de factureras que tienen vínculos con empresas calificadas por el SAT como EFOS.
Esta red fue expuesta por EL NORTE en noviembre del 2021, al ser utilizada por José Araiza, funcionario de la UANL señalado por fuentes universitarias como operador del ex Rector Rogelio Garza Rivera.
Asimismo, Entornos Empresariales Blanco y Canpalar Servicios están vinculados con otra red similar, exhibida en septiembre del 2020 por recibir cientos de millones de pesos del Prosoft, programa de la Secretaría de Economía federal que promovía supuestos proyectos de innovación tecnológica.
La actual Administración estatal ha considerado como actos de corrupción el uso de empresas factureras por parte de los proveedores del Gobierno.
Un caso denunciado penalmente fue el de los hermanos Manuel y Javier Flores Martínez, sobrinos de Manuel González, ex Secretario General de Gobierno en el pasado sexenio de Jaime Rodríguez.
Ambos facturaron más de 4 mil millones de pesos al Isssteleón y el Estado sostuvo en un boletín que utilizaron empresas factureras por 120 millones.
A TICSA, que también recurre a compañías con estas características, el Estado decidió confiarle el megacontrato para traer 800 camiones urbanos y le ha “perdonado” los incumplimientos en las fechas de entrega.
Pese a que durante la licitación transportistas cuestionaron a TICSA, que fue calificada de “todóloga” y fue ligada a una polémica compra de cámaras de seguridad a sobrecosto para San Pedro NET, el contrato fue firmado en diciembre del 2021.
El calendario establecido señala que las unidades serían entregadas gradualmente entre abril y septiembre del año pasado, pero no se cumplió.
Al atribuir el retraso al Covid, problemas de embarque, la baja producción mundial de chips y hasta la invasión rusa a Ucrania, el Estado amplió la entrega para este mes de mayo.
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