- Queda a deber Fiscalía Especializada. En cinco años sólo se ha dictado prisión preventiva a 32 personas vinculadas.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- La lucha anticorrupción ha quedado a deber con el encarcelamiento de exfuncionarios públicos que atentaron contra el patrimonio de Quintana Roo.
A pesar de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) es rentable financieramente al recuperar el equivalente a 10 veces lo que ha costado su operación en un lustro, el reto que enfrenta es que se imponga castigo a los presuntos responsables.
Desde que fue creado el organismo en 2017, acumula más de 2 mil carpetas de investigación contra servidores públicos, pero de 164 personas vinculadas a un proceso penal únicamente 32 recibieron la prisión preventiva oficiosa o justificada, sin que necesariamente permanezcan en prisión.
La lucha jurídica que encabeza la fiscal Rosaura Villanueva Arzápalo con una estructura de 64 plazas laborales ocupadas y 7 pendientes de aprobación, se ha traducido en recibir denuncias, recabar pruebas y perseguir a quienes incurrieron en alguno de los 26 tipos distintos de hechos de corrupción.
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El top del catálogo más perseguido lo encabeza el uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, un paquete de 15 cargos en el que se encuentra enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones, y el delito de peculado contra la administración pública.
En el Quinto Informe de Actividades de la FECC 2022 se asienta que en un lustro hubo 2 mil 055 carpetas de investigación con 3 mil 816 imputados, cuya cantidad podría aumentar conforme avancen las investigaciones de los casos.
En los primeros tres años, las carpetas de investigación y las personas señaladas como presuntas responsables de actos de corrupción fueron creciendo, con 341 casos y 783 implicados en 2018, 450 con 1,004 en 2019, y 480 con 771 en 2020.
Pero la estadística decreció en los siguientes años, con 425 carpetas con 718 presuntos responsables en el año 2021, y 359 con 540 en 2022.
El reporte de la Dirección General de Investigación y Procesos establece que se han judicializado 221 carpetas con 383 imputados (39 en 2018, 43 en 2019, 103 en 2020, 123 en 2021 y 75 el año pasado).
Los mecanismos alternativos a la judicialización redujeron a 174 vinculados a proceso (24 en 2018, 23 en 2019, 53 en 2020, 43 en 2021 y 31 en 2022), de los cuales únicamente a 32 (18.40%) se les dictó prisión preventiva oficiosa o justificada, pero sin que todos ellos permanezcan privados legalmente de su libertad.
Como parte de las acciones implementadas para resarcir el patrimonio estatal se inmovilizaron 396 folios electrónicos de bienes inmuebles y empresas inscritas ante el Registro Público de Comercio, se procedió al embargo de 58 bienes inmuebles y el aseguramiento de 84 bienes muebles y 21 cuentas de banco.
Igualmente, se hicieron efectivas en garantía 6 pólizas de fianza para la reparación del daño causado en agravio de la entidad quintanarroense y de sus municipios, o de particulares.
El citado reporte establece que se pudieron recuperar 2 mil 139.5 millones de pesos (mdp), repartidos en 350.3 mdp en efectivo y 30 bienes inmuebles con un valor de mil 789.2 mdp.
El organismo con autonomía técnica y operativa adscrito a la Fiscalía General del Estado ha ejercido un presupuesto acumulado de 212 millones 059 mil 184.12 pesos (hasta el cierre del año pasado), cuyo balance lo presenta como rentable financieramente.
Otro recurso contemplado en la Ley que impidió llevar a juicio a más acusados fue el llamado Criterio de Oportunidad, el cual plantea al acusado la posibilidad de no abrir proceso judicial en su contra, siempre y cuando repare el daño causado previo con el cumplimiento de ciertas circunstancias previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Las llamadas salidas alternas han favorecido a más presuntos responsables, a través de mecanismos como los acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales y procedimientos abreviados.
Otro frente en la lucha legal fue combatir 421 amparos acumulados, de los cuales quedan por resolver 91, 54 del año pasado y 37 del periodo 2018-2021.
Los juicios de garantías suman 97 en el presente año, de los cuales 54 están en trámite y 43 fueron resueltos en diversos sentidos.
Otra batalla que ha ganado la FECC corresponde a 37 juicios de garantías sobreseídos, sin amparar a los demandantes y por desistimiento o inexistencia de supuestas violaciones a derechos humanos.
En el sendero de la búsqueda de justicia restan 5 juicios de garantías con una resolución favorable a los quejosos, para que se dicte una nueva resolución ante observaciones de jueces de Distrito o tribunales colegiados de la entidad.
