Por KUKULKÁN
DESDE 2018 que en el Caribe mexicano se reportó el masivo arribo de sargazo a las playas de Quintana Roo, el entonces gobierno de Carlos Joaquín González vio en la contingencia natural la posibilidad de hacer negocio con la tragedia y de entrada autorizó fast track un crédito de 240 millones de pesos para colocar redes que supuestamente interceptarían el alga mar adentro, evitando su acumulación en la playa. La idea se la vendieron al gobernador los ejecutivos de la empresa Goimar S.A. de C.V., naviera especializada en la recolecta de petróleo en el mar, quienes se encargaron del diseño y la instalación de las barreras contenedoras.
EL ACUERDO inicial fue que el trabajo y los pagos se realizarían en varias etapas, así que para empezar en playas de Cancún se adelantó a la empresa la cantidad de 40 millones de pesos, con lo cual apenas alcanzaron a cubrir diez kilómetros de playa, además de que las primeras pruebas mostraron corrientes de agua variantes y las barreras contenedoras de sargazo corren el riesgo de colapsar. Pero en el camino el trato se rompió y el titular de SEMA, el polémico Alfredo Arellano contrató Comercializadora Chaktumen de Quintana Roo, S de RL de CV, para hacerse cargo de los servicios ofrecidos originalmente a Goimar.
PERO resultó que en una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado, la nueva empresa tenía como objeto social la venta de ultramarinos y abarrotes en general: las autoridades guardaron silencio cuando se reveló el dato y como si nada siguieron dándole contratos a la empresa patito durante los siguiente ejercicios fiscales, no sólo por parte del gobierno del estado sino también de los municipios, por instrucciones del coordinador del Gabinete, Juan de la Luz Enríquez, el soterrado operador de los negocios de Carlos Joaquín.
DESPUÉS de operar durante cinco años sin ninguna consecuencia, ahora la empresa abarrotera está bajo investigación de las autoridades hacendarias federales quienes ya publicaron en el Diario Oficial de la Federación su veto para que no se le contrate en el futuro, la sanción establece: Deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha empresa de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de 12 meses.
LAS HUELLAS de este fraude conducen directamente a Alfredo Arellano como el operador de las contrataciones que le trajo beneficios económicos para el grupo joaquinista. Según la versión del ex titular de la SEMA, incluida en la investigación realizada por la Secretaría de Marina, durante 2018 la inversión total que se ejerció para el combate al sargazo fue de 322 millones, aunque nunca explicaron cómo se aplicaron porque ese año el recale de sargazo desbordó las playas. Para 2019, la corrupción que imperó en el manejo de estos recursos, ya la sabían las autoridades federales, al grado de que el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció el robo de los recursos en una de sus primeras mañaneras en Cancún y anunció que la Marina se haría cargo de los trabajos.
AQUELLA ocasión, estuvo presente el gobernador Carlos Joaquín, quien al escuchar al presidente se sonrojó y agachó la cabeza. Después de ese bochornoso episodio, el ahora embajador de México en Canadá se puso a disposición del inquilino del Palacio Nacional para entregarle el poder político del estado de Quintana Roo a Morena. Habrá que esperar hasta dónde alcanzan las sanciones que impondrán las autoridades federales luego de que concluyan con la investigación… pero por lo que generalmente pasa en estos casos, seguro que el hilo se romperá por lo más delgado.
