- Los despidos de trabajadores que se contemplan en el “Plan B” de la reforma electoral costarán 3 mil 500 millones de pesos.
JORGE RICARDO / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Los despidos de trabajadores que se contemplan en el “Plan B” de la reforma electoral costarán 3 mil 500 millones de pesos por indemnizaciones, aseguró ayer Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).
Ese monto, destacó, es el mismo que –según el Gobierno federal– buscan ahorrar con la medida aprobada el pasado miércoles en el Senado.
“¿Dónde está el ahorro que se buscó?”, cuestionó Córdova el consejero al participar en el seminario “El Plan B electoral: ¿Equidad, austeridad o incertidumbre?”, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Es una premisa falsa que se quiere ahorrar en elecciones, añadió, citando datos del estudio interno del INE sobre los costos del “Plan B”.
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El consejero, que está a 39 días de concluir su encargo, aseguró que el fondo de la reforma impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador es devolverle al Gobierno el control de las elecciones, como estaba hace 30 años, a pesar de que las medidas aprobadas por el Congreso son contrarias a la Constitución.
Entre las medidas más graves citó el control del voto de mexicanos en el exterior, que se hará sólo con pasaportes emitidos por el Gobierno federal y no con la credencial de elector; la participación de funcionarios públicos en campaña y la destrucción de la estructura del INE, con el despido de 2 mil 571 funcionarios del servicio profesional de carrera.
“No se ha publicado la reforma, pero esperamos que se publique para continuar con la defensa jurídica de las instancias correspondientes frente a lo que es la imposición, por primera vez en 30 años, de las reglas electorales por una mayoría unilateral”, dijo.
En el primer día del seminario también participaron, entre otros, la consejera electoral Carla Humphrey; el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, y el magistrado del Tribunal Electoral federal, Felipe de la Mata Pizaña.
En general rechazaron el “Plan B”, al señalar que fue aprobado sin consenso, desde el mismo Gobierno, sin consultar ni siquiera a la academia, y porque, acusan, es anticonstitucional y no abarata costos.
“Si el objetivo de la reforma era abaratar los costos, ¿por qué no se tocó el financiamiento de los partidos políticos en los estados? Porque lo nacional requiere reforma constitucional, pero en lo local no. Es decir, sí se pudo haber disminuido el monto de la bolsa para los partidos políticos en los estados que, ¿saben ustedes de cuánto es anualmente?: 3 mil 500 millones de pesos”, dijo Chacón Rojas.
Aunque señaló algunas buenas intenciones de la reforma, como la compactación de la oficina de comunicación del INE, Humphrey señaló la inconstitucionalidad que deberá dirimirse en la Suprema Corte y la destrucción de la operatividad del órgano.
“Creo que el riesgo más importante que se hace a la institución electoral es la reducción del 85 por ciento del servicio profesional electoral”, dijo.
César Astudillo Reyes, investigador de la UNAM y experto en derecho electoral, acusó que la reforma fue promovida con una narrativa populista y que busca darle el control al Gobierno federal para permanecer en el poder por lo menos los próximos 30 años.
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