Por KUKULKÁN
DESPUÉS de un año de auditar el ejercicio del Presupuesto de Egresos 2021 de los municipios de Tulum, Bacalar, Solidaridad y Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, la Auditoría Superior de la Federación sigue sin saber el destino final que tuvieron 459 millones 225 mil 244 pesos entregados a través de diferentes programas federales que fueron empleados para fines distintos a los especificados, por lo que fincó cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los funcionarios involucrados, además de emitir cinco pliegos de observaciones y tres recomendaciones para corregir los procesos administrativos y mejorar los mecanismos de control.
DEL TOTAL de estos recursos, el municipio de Solidaridad debe aclarar dónde fueron aplicados 326 millones 667 mil 875 pesos destinados supuestamente para programas sociales durante la administración de la morenista Laura Beristain Navarrete, mientras que en Tulum el monto por aclarar asciende a 115 millones 553 mil 944 pesos; en Bacalar a 8 millones 518 mil 653 pesos y en Lázaro Cárdenas a la cantidad de 8 millones 484 mil 772. Las auditorías se concluyeron entre el 9 de enero y el 10 de febrero de este año; están contenidas en la tercera y última parte del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, liberado apenas la semana pasada.
DE ACUERDO con los resultados de la fiscalización aplicada a la Cuenta Pública 2021, el Ayuntamiento de Solidaridad obtuvo un dictamen negativo en el ejercicio de las finanzas públicas. En septiembre de ese año, Beristain Navarrete dejó el poder a la panista Lili Campos Miranda, cuyo gobierno ahora debe atender la determinación y los requerimientos de la ASF cuando antes de asumir el poder hubo saqueo de diversos documentos oficiales de la administración saliente que impiden aclarar dónde se gastaron esos recursos. En su momento, la defensa de Beristain intentó justificar el destino de los recursos con cuatro contratos que en realidad fueron pagados con otras fuentes de financiamiento, según lo encontrado por la ASF. Por ello, el máximo órgano de fiscalización del país demanda aclarar el destino real de los más de 326 millones de pesos.
LOS AUDITORES de la ASF revisaron los cuatro contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, con números DPM/AD/ADQ/049/2020, DPM/LP/ADQ/008/2021, DPM/LP/ADQ/016/2021, y DPM/LP/ADQ/018/2021, que según el municipio fueron pagados con los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2021. Sin embargo, en el análisis de la documentación, se detectó que en realidad dichos contratos “fueron pagados con otras fuentes de financiamiento distintas a las Participaciones referidas”. Para el organismo fiscalizador, dependiente de la Cámara de Diputados federal, el municipio de Solidaridad violó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en sus artículos 9 y 11.
CON TODOS estos detalles, el órgano fiscalizador concluyó: “el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2021, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas”. Con ello se infringió la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, por un importe del 100 por ciento de los recursos que recibió de la Federación. Además, debe atender la “promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria” contra los servidores públicos que resulten responsables.
EN TULUM quien tiene cuentas pendientes es el panista Víctor Mas Tah pues también gobernó hasta septiembre de 2021, año en que se aplicó el pago de un gasto superior a los 115 millones de pesos que la ASF demanda aclarar al actual gobierno de Morena que hasta hace unos días ocupaba el fallecido alcalde Marciano Dzul Caamal. En Bacalar, su actual alcalde José Alfredo Contreras está emplazado a aclarar el destino de más de 8 millones al igual que el edil de Lázaro Cárdenas, Orlando Emir Bellos Tun quien tampoco ha podido justificar los gastos ni cumplir con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
