- El INE formalizó ante la Suprema Corte su solicitud de interrumpir de inmediato el llamado ‘Plan B’ para no afectar los derechos laborales de los empleados.
ÉRIKA HERNÁNDEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó ante la Suprema Corte su controversia constitucional contra el “Plan B” de la reforma electoral, en la que solicita interrumpir de inmediato su aplicación, para no afectar los derechos laborales de los empleados del organismo.
En su argumentación, indica que no sólo está defendiendo su autonomía, sino también la aplicación de la Constitución, pues 200 artículos de la nueva normatividad vulneran 25 disposiciones constitucionales.
“Se solicita al máximo tribunal otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía”, indicó el organismo.
El recurso, que impugna el segundo paquete de reformas del llamado “Plan B” publicadas por el Ejecutivo el 2 de marzo, está dividido en cuatro ejes: uno, grave violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión.
“En franco fraude a la ley, impactaron en la calidad democrática de la reforma, pues dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria”, apunta.
Dos, el Poder Legislativo y Ejecutivo vulneraron la autonomía e independencia del INE, pues violan su autonomía e independencia y existe una invasión a su esfera competencial.
Tres, el “Plan B” violenta las condiciones de equidad y principios que rigen las contiendas electorales, pues los cambios afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas.
Cuatro, atenta constitucionalmente contra los derechos laborales del personal del INE.
“Se hacen valer una serie de agravios por el desmantelamiento de la estructura orgánica y la afectación a los derechos laborales de todo el personal del instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral”, indica, en relación con la desaparición de mil 264 vocalías locales y distritales y otras plazas de unidades técnicas y direcciones que se suprimen o se fusionan.
El organismo confía en que pronto la Suprema Corte “restaurará el orden constitucional”, al invalidar dicha reforma.
El 1 de febrero, el INE interpuso la primera controversia contra la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por permitir a los funcionarios públicos opinar sobre procesos electorales al considerarlo libertad de expresión.
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