- Al menos 23 procedimientos administrativos avanzan en contra de taxistas por presuntas agresiones a operadores de la plataforma Uber.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 23 procedimientos administrativos avanzan en contra de taxistas por presuntas agresiones a operadores de la plataforma Uber, indicó Cristina Torres Gómez, titular de la Secretaría de Gobierno.
Expuso que estos procedimientos se están llevando a cabo mediante el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), aunado a que está la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para lograr la judicialización de las carpetas y catalogar ante un juez la conducta que se cometió.
“Nosotros por la vía administrativa ya vamos bastante avanzados porque se han suspendido y están en los procesos de ser oído quien está en el proceso, porque muchas veces uno es el concesionario y otro es el operador, y aquí el que recibe de primera mano la suspensión es el concesionario cuya placa no puede circular en lo que (se termina) el proceso y se deslinde de responsabilidades”, explicó.
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En estos procedimientos administrativos, los agraviados señalan presuntos actos de violencia, de ahí que hay avances para atender estas circunstancias y sancionar este tipo de hechos, incluso dijo que ya están alineados los secretarios generales de los diversos sindicatos de taxistas en el proceso de depuración.
Por ello, insistió que el gobierno en coordinación con los sindicatos está trabajando para dejar un mensaje de que no se tolerarán más actos de violencia, puesto que hay espacio para todos aquellos interesados en brindar un servicio dentro de la ley.
Torres Gómez abundó que ya se cuenta prácticamente con el análisis de las modalidades de transporte que habrá en la entidad, la pública, la privada y la mixta —privada y pública—, por lo que confía que en breve el Congreso del estado estará aprobando las reformas a la Ley de Movilidad.
“Ahora se están ajustando nada más aspectos que se van con el Reglamento relacionados con los requisitos que deberán cumplirse, tales como hoy cualquier operador de Uber no tiene un seguro, no necesariamente tiene un seguro contra daños para terceros, lo que serían los pasajeros y en este caso ya sería parte de un requisito que ya se está planteando”.
Asimismo, ya se acordaron los requisitos de seguridad que deberán cumplir como compartir la geolocalización a través del C5 de las unidades de transporte público o privadas, para que sean vigiladas desde el Centro de Control para garantizar la seguridad de los usuarios.
La secretaria de Gobierno abundó que una vez aprobada la Ley y el Reglamento se iniciará un estudio para determinar cuántas unidades podrán operar en la entidad, al sostener que no pueden sobresaturar de emisiones, ya que no es lo mismo la cantidad que habrá en Benito Juárez, que la que se autorizará en el sur del estado.
