Va ante la Corte órgano electoral

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Va ante la Corte órgano electoral
  • El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León se sumó a la ola recursos interpuestos en contra del llamado Plan B electoral.
MIRNA RAMOS / AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León se sumó a la ola recursos interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del llamado Plan B electoral.

De acuerdo con los estrados electrónicos de la Corte, el IEE interpuso la controversia 178/2023, que deberá ser analizada por el Pleno.

Aunque el contenido de la controversia aún no está disponible en los listados, fuentes consultadas por Grupo REFORMA indicaron que en ella se controvierten las reformas aprobadas en diciembre a la Ley General de Comunicación Social.

El Artículo 26 de esta norma impide a la Federación, los estados y municipios, gastar más del 0.1 por ciento de su presupuesto anual en comunicación.

Además no consideran propaganda gubernamental las opiniones que viertan servidores públicos en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones.

Aunque ayer se solicitó información al IEE sobre el recurso interpuesto, aún no se ha dado respuesta.

Luego de que la reforma constitucional en materia electoral que impulsaba el Presidente de la República no prosperó en las cámaras legislativas, el Mandatario sacó su Plan B, reformando leyes secundarias.

En diciembre los legisladores aprobaron las reformas a la Ley en Materia de Comunicación, y las leyes General de Responsabilidades Administrativas, General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial, además de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Tras la aprobación, miles tomaron las calles del país para manifestarse y emplazar a la SCJN a declarar inconstitucionales esas reformas, al considerar que se pone en riesgo la democracia construida durante años, los resultados electorales y la supervivencia del INE como órgano garante del sistema electoral.

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