- Compañías de EU no han podido ganar en los amparos que lleva promovidos. Continúa suspensión de actividades extractivas de roca caliza.
MARCO ANTONIO BARRERA
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Las empresas Calizas Industriales del Carmen (Calica) y Rancho Piedra Caliza no han podido ganar en los 13 amparos promovidos contra la clausura de actividades e instalaciones en Quintana Roo.
La defensa legal de las citadas compañías en las que tiene participación accionaria la estadounidense “Vulcan Materials” pretende combatir la clausura de las actividades extractivas de roca caliza por debajo del manto freático y el uso y aprovechamiento de la concesión del puerto marítimo de altura de “Punta Venado” en el municipio de Solidaridad.
De los juicios de garantías promovidos ante diversos juzgados de Distrito con sede en la entidad, las compañías han recibido seis sentencias adversas contra actos del presidente de la República, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Cámara de Diputados.
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Las derrotas legales de Calica se han dado en el amparo 29988263 del Juzgado Séptimo de Distrito donde se reclamó la orden verbal de clausura, suspensión, cancelación y revocación del aprovechamiento de roca en los predios “La Adelita” y “El Cochalito”, pero se puso fin al caso el 7 de diciembre del año pasado.
Hay cinco casos radicados en el Juzgado Noveno de Distrito, como el 30030599 donde se impugnó la suspensión en el uso y el aprovechamiento de la mencionada terminal portuaria de altura, y la revocación de la autorización de salida de mercancías del territorio nacional. La resolución sepultó la demanda el 3 de agosto pasado, aunque se mantiene activa una revisión del Tercer Tribunal Colegiado.
En el juicio 30068578 del mismo órgano jurisdiccional se solicitaron medidas cautelares contra órdenes de clausura y/o revocación del título de concesión DZF-292/92, y del proyecto aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático en los predios “El Corchalito” y “La Adelita”. El fallo adverso se dio el 18 de agosto de 2022, aunque está activa una revisión del Primer Tribunal Colegiado.
El amparo 30656159 se promovió ante la emisión del oficio DGJA.2022.1658 (10 mayo 2022), que ordenó la suspensión de las operaciones en materia aduanera de las empresas. A pesar de que se concedió la suspensión definitiva (septiembre pasado), está por dictarse la sentencia generada en la audiencia del 17 de marzo.
En el juicio de garantías 30066426 se impugnó la clausura temporal por daños al ambiente del predio “La Rosita”, del cual se negó la suspensión definitiva (10 agosto 2022). El asunto fue turnado para su resolución definitiva al Juzgado Séptimo.
El juicio más reciente es el 31948900 radicado en el Juzgado Noveno contra la modificación y ampliación de la medida de seguridad previamente decretada en el Predio “La Rosita”, del cual se concedió una endeble suspensión provisional el 3 de febrero.
Otro asunto de Calica que sigue sin resolverse es el amparo 30027970 del Juzgado Séptimo, contra la orden verbal y la visita de inspección y verificación administrativa PFPA/4.1/2C.27.5/024/2022 en el predio “La Rosita”. Del reclamo se negó la suspensión definitiva el 13 de mayo pasado, pero el asunto sigue activo.
En el Juzgado Séptimo bajo el asunto 30185886 se intenta combatir la medida de seguridad ambiental decretada en el predio “La Rosita” pero se negó la suspensión provisional en julio pasado, lo cual fue validado por un tribunal de alzada el 6 de octubre de 2022. El caso está activo.
Con el amparo 30071748 del Juzgado Tercero se impugnó la orden y el acta de inspección en la planta extractiva por parte de la Semarnat, pero tocará resolver al Juzgado Séptimo.
A otro amparo se le asignó el número 30459191 en el Juzgado Segundo, en el cual se pidieron medidas cautelares contra vuelos, despegues y aterrizajes de aeronaves del Ejército Mexicano en las cercanías del complejo extractivo, cuyo reclamo fue admitido a trámite el 1 de agosto de 2022. El caso se mantiene activo.
Una situación similar ocurre en la empresa Rancho Piedra Caliza, S.A. de C.V. al no poder conseguir la protección federal en diversas resoluciones del Juzgado Noveno, donde se reclama la revocación del título concesión DZF-292/92 y la paralización de actividades en la terminal portuaria de Punta Venado.
En el expediente 30030599 se pidió seguir operando el recinto portuario localizado a la altura del kilómetro 282+600 de la carretera federal Chetumal-Cancún, pero se sobreseyó el reclamo el 3 de agosto pasado.
En el juicio 30068643 se puso fin a una solicitud contra el proceso de cancelación del título de concesión DGZF-079/18, que avala usar y aprovechar bienes del dominio público de la Federación mediante la operación de una terminal portuaria de altura de uso particular, carga, almacenamiento, manejo y distribución de materiales pétreos, cuyo documento concluirá su vigencia el 20 de abril de 2037.
Por último, en el expediente 26758600 del Juzgado Octavo se pretendió combatir disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que derivó en una clausura por un cambio de uso de suelo forestal no autorizado. La sentencia que ya causó ejecutoria fue dictada el 2 de agosto del año pasado.
