Por KUKULKÁN
LA LUNA de miel entre Morena y el Partido Verde parece haber llegado a su fin en el Poder Legislativo de Quintana Roo donde el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Renán Sánchez Tajonar ha contradicho a su homólogo el diputado Humberto Aldana Navarro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, en el sentido de que desde el interior de la XVII Legislatura se busca un acuerdo extrajudicial con los magistrados del Poder Judicial para rediseñar su presupuesto de egresos para 2023 y se garantice la suficiencia para cumplir con sus obligaciones jurisdiccionales.
RECIENTEMENTE, el líder de la bancada de Morena comentó sobre supuestos acercamientos con el presidente del Poder Judicial, magistrado Heyden Cebada Rivas a fin de llegar al desenlace de la controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular las reformas que permitieron al titular del Poder Ejecutivo reducir los presupuestos de poderes y órganos de la administración pública estatal, lo cual consideran ‘inconstitucional’. En vez de esa vía, el diputado Aldana Navarro propone recomponer el disminuido presupuesto del tribunal superior de justicia que, para este año fue de 714.6 millones de pesos, apenas 9 millones más que en 2022, cuando les autorizaron 705.8 millones de pesos.
SEGÚN el legislador en esas reuniones se habló ‘de la afectación que sienten desde el Poder Judicial de haber sido alterados en su presupuesto, para ellos no fue bueno hacer valida la propuesta de austeridad y reducirles el presupuesto de la manera como se les redujo… estamos preparando una propuesta para reformar el tema del presupuesto judicial que contenga un fin de austeridad, pero que también sea suficiente para realizar las tareas que ese poder tiene por obligación’. Aldana advirtió que tampoco se van a permitir derroches, pero se debe tener en cuenta que la materia laboral recientemente fue absorbida por el Poder Judicial y no se ha asignado presupuesto para los gastos que todo ello requiere tanto en infraestructura inmobiliaria como humana.
EL JUICIO de controversia constitucional número 227/2023, el poder Judicial de Quintana Roo impugna el artículo 67 del Decreto 007, aprobado en diciembre del 2022, según el cual durante el ejercicio fiscal que corresponda, con la finalidad de cumplir con el principio de sostenibilidad del balance presupuestario y del balance presupuestario de recursos disponibles se podrán realizar ajustes a los presupuestos del Poder Judicial, el Poder Legislativo y de los órganos constitucionales autónomos durante el ejercicio fiscal que corresponda, con base en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y artículo 35 la Ley de Presupuesto y Gasto Público del estado de Quintana Roo. A partir de este decreto, se aprobó una reducción de 10% al gasto operativo de los órganos autónomos respecto al presupuesto ordinario para el 2022, que en conjunto representa un ahorro de 41 millones 560,668 pesos.
PERO el diputado Renán Sánchez, también líder estatal del partido del tucán, dijo que al Congreso del estado todavía no se la ha notificado sobre la supuesta controversia constitucional de magistrados del TSJ así como que tampoco se está rediseñando un ajuste del presupuesto 2023 ni se han tenido acercamientos con el magistrado presidente Heyden Cebada. ‘El poder legislativo de Quintana Roo no ha sido notificado sobre alguna controversia constitucional promovida por magistrados del Poder Judicial del estado, o por alguna otra autoridad de órganos autónomos en esta entidad y los recortes de la Ley de Presupuesto de egresos 2023 se mantienen intactos como se aprobaron’, remató.
