- La XVII Legislatura del Congreso del Estado ha tomado las riendas del caso Aguakan, en busca de hacer valer la voluntad ciudadana expresa en la consulta popular.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL Q. ROO.- La XVII Legislatura del Congreso del Estado ha tomado las riendas del caso Aguakan, en busca de hacer valer la voluntad ciudadana expresa en la consulta popular de junio del año pasado, en exigencia de retirar la concesión a la empresa
Esto implica sacar a la concesionaria de los municipios de la zona norte donde hoy presta el servicio, en particular Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, donde se determinó vinculante dicha consulta.
El diputado morenista Humberto Aldana Navarro, presidente de la Comisión Transitoria Especial para el seguimiento y atención a los temas referentes de las concesiones de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., mejor conocida como Aguakan, dio a conocer que se encargarán de establecer el procedimiento mediante el cual se actuará por la vía legal.
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En este sentido, advirtió que habrá todo un proceso de investigación y deslinde de responsabilidades en contra de los involucrados para llegar hasta las últimas consecuencias.
Esto podría llevar algún tiempo, pero consideró necesario atender con prontitud, tomando en cuenta que el proceso electoral de 2024 estaría arrancando en noviembre próximo, y la necesidad de evitar que el caso se vincule a temas político-electorales o alguien tome como bandera el tema, nuevamente.
Dijo que se llamará a rendir cuentas a los exalcaldes y exdiputados que aprobaron la extensión de la concesión en 2014, a finales del gobierno de Roberto Borge Angulo, a cambio de una aportación de mil 55 millones de pesos por parte de la citada empresa, para conocer a fondo las justificantes.
Incluso no descartó llamar al mismo exgobernador Mario Villanueva Madrid, que, de origen, en el año 1994, entregó a Aguakan el servicio de agua potable de la ciudad de Cancún, bajo el argumento de incapacidad financiera y operativa por parte del gobierno del estado y la administración estatal en turno.
Sea cual sea el argumento, habrá que trabajar en apoyo al gobierno del estado para hacer cumplir la voluntad ciudadana, y fincar responsabilidades en contra de los responsables, “incluso contra quien originalmente lo promovió o lo provocó”, subrayó el legislador Aldana Navarro.
También reconoció de nueva cuenta el manejo político que se ha dado al tema y la posibilidad de incumplir la petición de los ciudadanos en cuanto a rescindir los contratos ampliados en el gobierno de Roberto Borge hasta 2053.
Insistió igualmente en la evidente responsabilidad moral y administrativa de parte de los diputados de la XV Legislatura que aprobaron la ampliación de esos contratos de concesión, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en el gobierno borgista, y de los Ayuntamientos que en 2015 y 2016 aprobaron desde sus Cabildos ese alargue a favor de Aguakan.
