Por KUKULKÁN
SOBRE los cimientos del polémico proyecto inmobiliario Aldea Nizuc, a la altura del kilómetro 26 del bulevar Kukulcán, siempre existirá la sospecha de un entramado de operaciones ilegales entre autoridades de los tres niveles de gobierno y particulares para que diez hectáreas del Área de Protección de Flora y Fauna “Manglares de Nichupté”, pasaran ‘legalmente’ a manos de la empresa ‘De Cancún para el Mundo S.A. de C.V.’ para desarrollar un complejo habitacional y comercial de 520 apartamentos, distribuidos en siete torres de 20 pisos de altura cada una; centro comercial de dos niveles, Casa Club, tres albercas y 6 canchas de tenis, estacionamiento de dos niveles y una ciclopista de 605 metros cuadrados de superficie.
DESDE su origen, la autorización para construir este complejo no fue la clásica operación de voracidad empresarial y corrupción oficial para adjudicar ilegalmente terrenos protegidos a particulares, sino la de una compra-venta de ficción en 1987 donde el vendedor resultó un difunto. Sustentada en documentos falsos y personas ficticias, en esta operación el gobierno de la República fue timado (o se dejó timar) con un predio ilegalmente adjudicado a la asociación civil “De Cancún Para el Mundo”, antes de pasar de dueño en dueño y contar con el aval de notarios de los estados de Yucatán y Quintana Roo.
EL HISTORIAL del terreno en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, tiene como antecedente documental una supuesta inscripción del 3 de abril de 1987 que hace referencia a un contrato privado que sólo pudo haberse celebrado desde ultratumba pues el presunto propietario del terreno Cándido Povedano Martínez había muerto diez años atrás. Y por si al asunto le faltara todavía más embrollo, existen sólo referencias de la participación de un notario, todavía no identificado, quien presuntamente habría certificado un contrato de compra-venta todavía más antiguo, del 9 de julio de 1960, 27 años antes de la primera inscripción ante el Registro Público. Dicho contrato de compraventa, presuntamente fue inscrito bajo el número 538, fojas 270 del tomo XL VIII-A, sección I, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Chetumal, pero el documento no está disponible en dichas oficinas.
CON ESTAS inconsistencias en la documentación, al llegar 2005 las autoridades municipales certificaron las medidas y colindancias del predio, y sin más preámbulo ampliaron su original dimensión de 7.2 a 10.3 hectáreas. A partir de ahí, Francisco Lechón Rosas, notario 10 de Cancún, se encargó de la operación de compra-venta del inmueble. El 22 de enero de 2005, quedó inscrito en el Registro Público el folio 144752 la escritura pública 29 mil 857, volumen 102 B, con la cual, cuatro días hábiles después, Mariana López Arciniega, celebró un contrato de compra-venta por 6 millones de pesos, a favor de la asociación civil “De Cancún para el Mundo”.
NADIE contaba que el acta de defunción revelará que Cándido Povedano Martínez había muerto a los 59 años de edad, víctima de un disparo de arma calibre 20 milímetros. Su muerte, ocurrida el 23 de septiembre de 1977, fue certificada por el médico Fernando García Fuentes. Sin embargo, diez años después el difunto habría celebrado un contrato de compra-venta del que se beneficiaron los vivos de la empresa ‘De Cancún para el Mundo S.A. de C.V.’
