- Una serie de reformas a la legislación existente se prepara desde el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Quintana Roo.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Una serie de reformas a la legislación existente se prepara desde el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Quintana Roo, para evitar mayor daño patrimonial al estado y los Ayuntamientos a través de concesiones y contratos a favor de particulares para la prestación de servicios públicos, obra social o proveeduría.
La pretendida nueva legislación está dirigida, principalmente, a evitar el pago de grandes indemnizaciones —aunque difícilmente podrá ser aplicada a temas como las concesiones de Aguakan en Isla Mujeres, Benito Juárez y Puerto Morelos; o en el caso de Avances Lumínicos por el alumbrado público en Othón P. Blanco— donde se exigen cascadas de millones de pesos por la supuesta afectación a las empresas.
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Humberto Aldana Navarro, coordinador de los diputados de Morena y presidente de las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de revisión al tema de Aguakan, dijo se espera que a nivel nacional se aprueben una serie de reformas a 23 leyes generales que permita al Estado Mexicano terminar de manera anticipada, unilateral y sin indemnización alguna los contratos o concesiones con compañías particulares.
Advirtió que en Quintana Roo se abusó de la facultad de otorgar concesiones, a través de contratos abusivos y leoninos, por servicios que obligatoriamente deben dar los gobiernos estatales o municipales, y actualmente se deben pagar miles de millones de pesos por la recoja de basura, el alumbrado público y el agua potable, o en su caso indemnizar a las empresas concesionarias también mediante altos costos a cargo del erario público.
La retroactividad de las leyes inaplicable a contratos o concesiones anteriores, como el caso de Aguakan o Avances Lumínicos, impide eludir el pago de indemnizaciones, sin embargo, en la iniciativa también se plantea que cuando esto deba ser obligatorio los montos sean limitados para evitar reclamaciones exorbitantes, las cuales afectan seriamente la hacienda y el patrimonio estatal y de los ayuntamientos.
