- El padrón de deudores alimentarios sigue sin ser una herramienta que limite o inhiba la comisión de este u otro tipo de ilegalidades paternas.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Anclado en el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Quintana Roo, el padrón de deudores alimentarios (o de pensión alimenticia) creado desde hace más de siete años, sigue sin ser una herramienta que limite o inhiba la comisión de este u otro tipo de ilegalidades paternas.
Al interior de la administración pública y de los municipios, subsecretarios, directores de área y hasta jefes de departamento continúan en la morosidad de sus obligaciones de asistencia y alimentación familiar, ante la falta de sanciones graves, advirtió Yunitzilin Rodríguez Pedraza, representante del colectivo Marea Verde en Quintana Roo.
Actualmente desde ese colectivo y la red feminista de Quintana Roo documentan y litigan cuatro casos ubicados en funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Sistema de Administración Tributaria de Quintana Roo, DIF y del Instituto de Ciencia y Tecnología, involucrados no sólo en falta de pago de pensión alimenticia, sino de agresión y acoso a mujeres.
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Al interior del Congreso del estado, en la actual XVII Legislatura, las feministas también trabajan en documentar el acoso laboral y sexual en contra de trabajadoras de ese Poder, y en breve podría tener judicializadas las carpetas respectivas.
En los casos documentados los señalados dejan de pagar a propósito hasta 4 meses de pensión alimenticia, cuando se le requiere al juez obligar el cumplimiento el procedimiento establece pedir información al fondo para la administración de justicia, que recibe y paga las pensiones, una vez respondida la información se advierte el padre moroso de su situación y con pagar en ese momento legal evade su inscripción al padrón local y mantiene todos sus derechos a pesar de las anomalías cometidas, advirtió Rodríguez Pedraza.
Marea Verde presentó una solicitud dirigida a la Mesa Directiva del Pleno legislativo para que se trabaje en las reformas necesarias a la Constitución y leyes secundarias que den obligatoriedad a los varones a dejar de acosar y agredir a las mujeres, además de cumplir con sus obligaciones familiares aportando económicamente lo que corresponda.
Se busca un paquete de reformas conocido como “tres de tres” con cambios legales a la Constitución local, las leyes orgánicas del Poder Legislativo y Judicial; la administración pública, la ley de procedimientos e instituciones electorales, la de acceso a la información y protección de datos personales, entre otras.
La intención de Marea Verde y sus representantes es lograr la aprobación de las reformas conocidas para hacer obligatorio que todo aspirante a cargo de elección popular o servidor público municipal o estatal, certifiquen haber cumplido con sus obligaciones familiares y no haber sido sentenciado por acoso o agresión contra mujeres.
Y en caso de no hacerlo se le nieguen las candidaturas, y si se trata de algún funcionario se le suspenda.
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