- Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas pidió gestionar su asilo político en Estados Unidos, al denunciar al Estado mexicano de persecución.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas pidió gestionar su asilo político en Estados Unidos, al denunciar al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una persecución que, asegura, responde al contubernio y la corrupción de funcionarios con la directiva actual de la Cooperativa La Cruz Azul.
Prófugo de la justicia por dos órdenes de aprehensión que tiene pendientes por administración fraudulenta y delincuencia organizada y lavado de dinero, el exdirectivo cementero dice que lo único que le interesa es pasar los últimos años de su vida en forma digna y decorosa.
“Temo por mi vida y por ser privado de mi libertad, ser encarcelado de forma injusta por el Estado mexicano y ser perseguido político; derivado del poder adquisitivo de dicha Cooperativa y el contubernio con las autoridades mexicanas, he sido perseguido políticamente por el Estado mexicano”, aseveró en su queja ante la CIDH.
“Por tanto, solicito me sea concedido, sin demora alguna, y que se recomiende a las autoridades mexicanas que pueda trasladarme a otro país sin ser detenido o aprisionado, por la cercanía solicito que dicho asilo se me otorgue en el Estado vecino donde radica dicha comisión, es decir, Estados Unidos”.
Álvarez Cuevas apeló a su situación de adulto mayor en condiciones precarias de salud para que se le otorgue el asilo humanitario.
“Es una petición para vivir mis últimos años de vida de forma digna y decorosa, siendo la realidad de la condición humana que a mi avanzada edad me quedan pocos años de vida, por lo que solicito sea considerado como asilado político, conforme a la CIDH y la Declaración Universal de Derechos Humanos”, sostuvo.
El exdirectivo narró en su recurso que, previo a convertirse en fugitivo, tanto él como sus representantes legales fueron objeto de presiones de los distintos niveles de gobierno, al mismo tiempo que las instalaciones de la cementera eran asaltadas en operativos orquestados por los abogados de sus contrapartes.
En julio de 2020, relató, Jesús Hernández Alcocer, el abogado que el año pasado asesinó a su esposa en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle, personalmente le dio el ultimátum para que abandonara la directiva de Cruz Azul en 25 días.
“Los abogados que yo tenía para defenderme fueron amenazados, según ellos para abandonar el caso, mis abogados fueron los licenciados José Luis Nassar y Diego Ruiz Durán”, relató Álvarez Cuevas.
Agregó que varias filiales y fábricas de la empresa fueron tomadas en Puebla, Oaxaca y Aguascalientes, sin liquidar ni indemnizar al personal, por instrucciones de los abogados Guillermo Barradas y Rafael Anzures “bajo el cobijo y amparo de los jueces y autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial, todo esto causando una afectación a mil 800 familias”.
De acuerdo con su versión, gracias a ese acuerdo entre sus adversarios y las autoridades, se libraron las dos órdenes de aprehensión en su contra y le bloquearon sus cuentas bancarias. Cuando recurrió a la justicia, ninguno de sus recursos de defensa prosperó ante los tribunales, dejándolo en estado de indefensión.
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