- Un juez de la CDMX aplazó por más de un mes la audiencia en la que Banco Santander y dos de sus abogados externos iban a ser imputados penalmente.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez de la Ciudad de México aplazó por más de un mes la audiencia en la que Banco Santander y dos de sus abogados externos iban a ser imputados penalmente por un presunto fraude de 8 millones de pesos en perjuicio de una cuentahabiente.
El juez de control Fernando Miguel Sarabia Villuendas, aplazó para el 18 de agosto la audiencia inicial que originalmente estaba programada para el próximo martes 25 de julio, informaron fuentes allegadas al caso.
Una versión extraoficial refiere que el órgano jurisdiccional dio preferencia a otros asuntos y en su lugar agendó para este mes diligencias para resolver, por ejemplo, casos de supuestas omisiones del Ministerio Público.
- Van 70 suspensiones contra reforma al PJ
- Terminará Sheinbaum nuevas instalaciones de aduanas
- Disminuye población de mexicanos en EU
En esta causa penal han sido citados en calidad de investigados la persona moral Banco Santander – a través de su apoderado Carlos Mauricio Salazar Douglas- y los abogados externos Luis Rischia Velázquez y Domingo Adrián García Hernández.
La Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), pretende formular la imputación contra la institución financiera y los litigantes por el delito de fraude procesal.
Una clienta de Santander denunció que en octubre de 2020 sus cuentas bancarias fueron inmovilizadas por una orden de embargo, derivada de dos demandas civiles por el incumplimiento de pago a un crédito.
Santander le reclamaba en esas demandas el cobro de un crédito simple de 8 millones de pesos para Pequeña y Mediana Empresa (Pymes) a tasa fija, tramitado en favor de la fabricante de ropa Fashion Fabric S.A. de C.V.
La cuentahabiente denunció que nunca pidió el crédito, versión que la FGJ-CDMX confirmó después en un dictamen de grafoscopía que concluye que su firma había sido falsificada para adquirir el préstamo.
El único caso en el que las autoridades habían ejercido la acción penal contra un banco, como persona moral, tuvo lugar en 2019, cuando un juez de control vinculó a proceso a HSBC por el delito de fraude procesal.
Te puede interesar: Detectan ‘transas’ entre 2016 y 2021
