La iniciativa de ley no sólo reconoce a los niños como titulares de derechos, sino que tienen la capacidad para actuar por sí mismos.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- La nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Quintana Roo, que se busca homologar con la legislación federal, es propicia para erradicar el uso de la chancla y el cinturón en la educación de los hijos desde casa, señaló la directora del Sistema de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Othón P. Blanco, Guadalupe Higareda Basulto.
La directora del SIPINNA calificó como positiva la nueva Ley y se pronunció por la necesidad de que los diputados y diputadas locales retomen la iniciativa y se homologue con la nacional.
Recordó que, a través de esta legislación, queda atrás el maltrato hacia los hijos utilizado impartirles educación desde casa mediante el uso de la chancla, el cinturón, y cualquier otro tipo de correctivos que se aplicaban en tiempos pasados, y que ya no serán tolerados.
La funcionaria municipal explicó que el espíritu de esta Ley es fomentar la crianza positiva, dejando atrás dichas prácticas que calificó como incorrectas, dado que a los niños no se les puede educar con base en golpes, o cualquier otro tipo de maltrato que vaya más allá de un regaño.
Higareda Basulto indicó que esta nueva Ley contempla sanciones para los padres que ejerzan este mecanismo de educación, toda vez que la salud mental de las personas en edad adulta se define con base en su infancia.
Al recordar que aún hay familias conservadoras que señalan que esta educación fue la que forjó generaciones de hijos fuertes y bien portados, Guadalupe Higareda dijo que cualquier caso de maltrato puede ser denunciado ante la Fiscalía General del Estado o los sistemas DIF, para intervenir e ir erradicando estas prácticas del pasado.
Desde mayo de 2022 y en el cierre de la XVI Legislatura se presentó una iniciativa para abrogar la Ley de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2015 y reemplazarla con una nueva, homologada a Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.
Esa iniciativa tiene dos aspectos novedosos, además de que regula la competencia de las autoridades estatales y municipales.
En primer lugar, la iniciativa no sólo reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, sino que reconoce que tienen la capacidad para actuar por sí mismos de manera progresiva, conforme con su desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez.
Por otro lado, la iniciativa incorpora la prohibición del castigo físico o corporal y el castigo humillante.
En su articulado reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y crianza de madre, padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, además de otras autoridades, quienes de ninguna forma están facultados para usar el castigo corporal ni el castigo humillante.
La iniciativa de ley en Quintana Roo replica la disposición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y define el castigo corporal como todo aquel acto en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve.
Por su parte, el castigo humillante “es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, niños y adolescentes.”
Al incorporar esta prohibición y actualizar las competencias de las autoridades estatales y municipales en materia de salud, seguridad social, acceso a la justicia y demás, Quintana Roo daría respuesta a los comentarios del Comité sobre los Derechos del Niño, que ha pedido a México que las protecciones se vean concretadas en los tres niveles de gobierno.
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